Anticorrupción pide a la jueza de los ERE que decline su jurisdicción

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la jueza que investiga el caso de los falsos prejubilados en los ERE pagados con dinero público que «decline su jurisdicción» y no reclame todas las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía. Estima que al pedir el documento global, de carácter secreto, invade competencias propias del Ejecutivo regional.

La decisión de la juez instructora, vía auto judicial, de pedir todas las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de la última década para determinar así si el ejecutivo estaba al tanto de los reparos de la Intervención General de Hacienda al reparto de ayudas a las empresas en crisis ha abierto un frente entre los dos poderes. Y la Fiscalía parece decantarse del lado del Ejecutivo autonómico, que insiste en el carácter reservado de los documentos al contener acuerdos o valoraciones políticas.

Hace una semana, Anticorrupción anunció un recurso de apelación contra la petición de la juez, que incluso amenazó con acusar a la Junta de desobediencia si no entregaba las 480 actas de forma cautelar para que fueran custodiadas en el juzgado mientras se resolvía el conflicto de jurisdicción en el Tribunal Supremo.

Ahora da un paso más y solicita a la juez que no reclame esa documentación concreta porque «invade competencias que son propias del Gobierno autonómico», por lo que le pide que, tal y como le ofreció la Junta en un primer momento, se conforme con certificaciones acreditativas expedidas por el secretario del Consejo de Gobierno, ya que son suficientes para «colmar las exigencias de la investigación».

Anticorrupción considera además que se trata de una petición «desproporcionada», ya que las actas se integran dentro de lo que la ley de Secretos Oficiales denomina materia clasificada.

Critica también que la petición se ha hecho de forma indiscriminada, ya que reclama «tanto materias reservadas como incluso las secretas», que no pueden ser objeto de revelación.

Desde la Junta de Andalucía, que también ha recurrido el auto, la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, ha recalcado que el Ejecutivo «no quiere confrontar ni polemizar políticamente con el juzgado».