Condenados ocho médicos y ortopedas por un fraude al Servicio de Salud

Cuatro médicos y cuatro ortopedas sevillanos han sido condenados a penas de uno y dos años de cárcel por una estafa de 105.997,55 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en recetas de sillas de ruedas, zapatos y otros productos ortopédicos. Fuentes del caso han informado a Efe de que los abogados de los ocho procesados negociaban desde hacía meses un acuerdo para reconocer los hechos, ser condenados y repartir el pago de las indemnizaciones, si bien hasta hace unas semanas no comparecieron ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla para cerrar el asunto.

Los hechos fueron denunciados por el SAS a la Fiscalía de Sevilla en abril de 2006, cuando la Inspección de Servicios Sanitarios detectó la presunta dispensa irregular de productos tales como sillas de ruedas, tobilleras, zapatos y fajas ortopédicas. Según informó entonces el SAS, sus mecanismos de control detectaron un incremento excesivo en dos ortopedias de Sevilla y de la zona del Aljarafe que suministraban esos productos a usuarios del Centro Periférico de Especialidades Virgen de los Reyes, situado en la calle Marqués de Paradas de Sevilla.

La denuncia de la Fiscalía recogía los nombres de usuarios de residencias de ancianos y de empleados de una empresa de distribución de bebidas que supuestamente habían retirado productos ortopédicos recetados por facultativos que no les correspondían o que no les habían atendido. Una vez logradas las prescripciones, las ortopedias facturaban al SAS los productos con un justificante en el que supuestamente estaban falsificadas las firmas de los beneficiados, según la denuncia.

Cada uno de los cuatro traumatólogos procesados ha sido condenado a dos años de cárcel y cada uno de los ortopedas a un año, junto a la misma inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y multa a cada uno de seis meses, con cuota diaria de 4 euros, lo que equivale a 720 euros.

La condena se ha producido por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documento público cometido por funcionario y por particular, han añadido las fuentes.