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Cementera de Cosmos, en Toral de los Vados, en la comarca del Bierzo.

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León

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El sector cementero, con dos grandes fábricas en la provincia de León -Tudela Veguín en La Robla y Cementos Cosmos en Toral de los Vados (Bierzo)- también redujo el año pasado su producción a nivel nacional, en su caso por la crisis del ladrillo. En la balanza positiva, fue también el que más ganó por contaminar menos.

Según datos de la patronal cementera Oficemen, el consumo de este material en España cayó en 2010 un 15%. En total, el sector del cemento y de la cal registró un superávit de 12 millones de toneladas en el mercado de los gases contaminantes para cumplir el Protoloco de Kioto, lo que se tradujo en unas ganancias de 168 millones de euros el año pasado.

El sector cementero tiene asignados para el cuatrienio 2008-2012 unos derechos de emisión de CO 2 de 29 toneladas. La industria, según la patronal, realiza desde hace años «un gran esfuerzo» para disminuir sus emisiones mediante la implantación en sus instalaciones de filtros y sistemas técnicos de última generación, y lo va a continuar haciendo. Sin embargo, añaden las mismas fuentes, las empresas «tienen poco margen de maniobra para mejorar la eficiencia energética ya que es cuatro puntos más eficiente que la media del sector de la UE y significativamente más eficiente que la media de los grandes productores mundiales de cemento, habiendo reducido su consumo energético más de un 40% en los últimos 25 años».

Además, existen limitaciones tecnológicas que dificultan una reducción sustancial en el proceso productivo del clínker, ya que las del sector cementero son de dos tipos: de proceso (un 60%) y de combustión (40%). Por tanto, las emisiones que pueden reducirse, principalmente, son las provenientes de la combustión.

Una de las escasas vías que les queda a las cementeras es el aprovechamiento de sus hornos para generar electricidad, con lo que tendrían más dinero para inversiones en tecnología. «No puede olvidarse que, al utilizar residuos en las plantas cementeras, se está dejando de consumir el combustible fósil», señalan desde Oficemen.

El grado de utilización de residuos como combustible es muy bajo en España en comparación con los datos de la Unión Europea. Según la patronal cementera, un 12% en 2009 a nivel nacional frente al 22% de media en la UE. «Son necesarias medidas por parte de las Administraciones que faciliten el acceso del sector a combustibles alternativos. Su uso es la única alternativa viable y eficaz de reducción de emisiones de la industria cementera española y, por lo tanto, del país», insisten.

El objetivo del 21% de reducción de gases contaminantes en la Unión Europea para el periodo 2013-2020, aún sin especificar sectorialmente, requerirá, en opinión de la patronal Oficemen, un gran esfuerzo adicional por parte del sector cementero, puesto que el 60% de las emisiones provienen del proceso de producción debido a la descarbonatación de la caliza.

Según otro informe que se ha elaborado por el sector europeo del cemento, sólo el 80% de las emisiones totales de CO 2 que se generen en el año 2013 serán gratuitas, mientras que el 20% restante deberán comprarse en subasta. Este planteamiento irá reduciendo anualmente los porcentajes gratuitos, hasta que en el año 2020 el 100% de las emisiones se paguen al precio que estipule el mercado de derechos de emisión, mediante una subasta dirigida por los diferentes estados. El coste de alcanzar este reto para las cementeras europeas representa, según la consultora BCG, 3.600 millones de euros de valor añadido bruto.

«No debemos olvidar que el sector cementero ha realizado esfuerzos desde la primera crisis del petróleo para reducir su consumo energético específico por tonelada de cemento y, por tanto, ha conseguido una importante reducción de las emisiones de CO 2 por tonelada de cemento producido desde 1975», es el argumento que repiten desde las empresas una y otra vez.

Las empresas también ven cada vez como una amenaza más real la globalización del mercado y la progresiva llegada de cemento desde países que no han suscrito el Protocolo de Kioto, donde los costes son mucho menores.