El Gobierno aprobará mañana su plan de trabajo contra el empleo sumergido

El Consejo de Ministros aprobará mañana el plan del Gobierno contra el empleo sumergido para hacer aflorar el trabajo irregular, en el que intentará incluir algunas de las alegaciones de los sindicatos y la patronal. Entre las medidas que contempla el plan destaca el periodo de entre dos y tres meses que se concede a los empresarios para que regularicen de forma voluntaria, y sin sanciones, el empleo sumergido.

Una vez transcurrido ese plazo, si los empresarios no tienen afiliados a sus trabajadores a la Seguridad Social o emplean a beneficiarios de prestaciones del sistema que sean incompatibles con el trabajo, las sanciones se multiplican de 1,6 a 5 veces. El Gobierno envió un primer borrador a los agentes sociales el pasado día 14, donde se fijaba en un año como máximo el efecto retroactivo de la regularización a la hora de generar futuras prestaciones de la Seguridad Social.

En un segundo documento, fechado el día 18, el Ejecutivo redujo el efecto retroactivo al 1 de enero de 2011, una medida que beneficia a los empresarios pero que ven mal los sindicatos porque, según CCOO y UGT, los patronos sólo tendrían que abonar seis meses de cotizaciones. Estas cotizaciones podrán ser objeto de aplazamiento, pero si los empresarios no presentan ninguna garantía futura de pago, dicho aplazamiento será sólo de dos años.

Otra de las medidas que contempla el plan y que también rechazan los sindicatos es que los empresarios podrán utilizar los contratos temporales, pero no fijos, para regularizar a los trabajadores. CCOO y UGT consideran que el plan del Gobierno contra el empleo sumergido no hará aflorar el grueso del trabajo no declarado, no mejorará la protección de los trabajadores, no aumentará los ingresos públicos ni eliminará la competencia desleal entre empresas.

Para la CEOE, el plan debería ir ligado no sólo a cambios laborales sino también a aspectos sociales, según lo ha manifestado su presidente, Juan Rosell. Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha manifestado que se estudiarán las alegaciones de los agentes sociales y que podría modificarse el texto del decreto. No obstante, el ministro ha insistido en que el plan no a a suponer ni amnistía fiscal ni pérdida de derechos y ha explicado que su objetivo es facilitar el proceso de legalización del empleo no declarado.