El 28,5% de la economía provincial se genera con el trabajo sumergido

El 28,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia se genera a través de la economía sumergida, el trabajo no declarado. Supone un volumen de 2.903 millones de euros, que escapan al fisco, aunque tampoco permiten a los trabajadores cotizar y disfrutar de sus derechos laborales. Según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, el fraude laboral que supone este empleo oculto ronda el millón de euros, y otro medio millón se escapa en el resto de recaudaciones y cuotas sociales.

León es, según estas cifras, la segunda provincia con mayor volumen de economía sumergida de la Comunidad, sólo superada por Valladolid. Los técnicos de Hacienda calculan que en Castilla y León son casi 14.000 los millones de euros que se generan fuera de los cauces oficiales, y 244.000 millones en el conjunto del país.

Para acabar con esta situación, el Consejo de Ministros aprobó ayer el plan contra el empleo sumergido que había anunciado. El objetivo del Ejecutivo es que aflore todo el empleo negro que existe en las empresas españolas, y para lograrlo perdonará todas las multas si se da de alta a los trabajadores en un período de tres meses. Pasado ese tiempo las sanciones se endurecerán. A partir de agosto, no dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social tendrá una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces más que los 626 euros actuales.

1397124194 Derechos sin reconocer. El plan para aflorar el empleo sumergido aprobado ayer no es una amnistía, es decir, no se reconocerán los derechos de los que no hayan cotizado hasta ahora. Pero tampoco se mirará al pasado ni se multará a los que hayan tenido trabajadores en la economía sumergida. Durante tres meses, las empresas podrán dar de alta a sus empleados sin sanciones por la relación laboral fraudulenta que hubieran mantenido hasta entonces.

Lo que sí cambia es lo que ocurrirá pasados esos tres meses. Las empresas que aún entonces cuenten con trabajadores que no estén dados de alta se enfrentarán a sanciones y multas muy superiores a las actuales, hasta cinco veces superiores. De esta forma, una empresa que incumpla la obligación de dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 actuales.

Además, el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido prevé que cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con empleos negros, la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, presentó en rueda de prensa el nuevo plan del Gobierno. «No miramos al pasado pero no habrá amnistía. Durante el período de tiempo anterior (al alta del trabajador) las empresas no tendrán que pagar nada, pero tampoco habrá derechos reconocidos para nadie, se reconocerán a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación», ha explicado.

La iniciativa comprende también una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pero el ministro no ha podido determinar cuántos puestos saldrán a la luz. Gómez ha explicado que es «muy difícil» calcular este impacto, aunque se remitió a estimaciones de la OCDE, que señalan que los niveles de economía sumergida en España «no están lejos de los países del entorno europeo, situados entre el 15% y el 20% del PIB en España».