La juez de los ERE ordena investigar el patrimonio del exconsejero de Empleo
Reclama que se indaguen también las ayudas millonarias a 24 empresas andaluzas
La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía ha ordenado a la policía que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y de los ex altos cargos de la Junta imputados, así como otras ayudas sociolaborales a 24 empresas.
En un auto notificado ayer a las partes, la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, encarga a la Policía Judicial un informe patrimonial sobre Antonio Fernández, sobre el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sobre el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el sindicalista Juan Lanzas, «conseguidor» en los ERE.
La policía, que ya viene informando sobre el patrimonio de todos los imputados, debe «centrar» sus pesquisas en estas personas y hacer extensiva la investigación a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.
La juez Mercedes Alaya precisa en su auto los distintos hechos que imputa a cada uno, y de Fernández dice que no solo se benefició a título personal de su inclusión en el ERE de la bodega González Byass, donde había dejado de trabajar siete años antes, sino que era conocedor de las irregularidades que cometía el ex director general de Trabajo y de los «importantes reparos» que la Intervención General de la Junta hacía a este sistema.
Las transferencias de financiación utilizadas para materializar las ayudas a los ERE había generado a la Junta a 31 de diciembre del 2007 un déficit de 39.249.138 euros, precisa el auto.
Sobre el sindicalista Juan Lanzas, la juez le imputa haber participado como «mediador o conseguidor» en diferentes ERE, en los que llegó a incluir a su esposa y hermana pese a que nunca trabajaron en la empresas.
La juez también pide a la Policía que indague en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros otorgados a Heineken, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres millones al Matadero de Sierra Morena y otros tantos a TAMC. Además, deberá investigar a TGA Aeroestructuras, SCAFA, SK 300 Aeronáutica, Grupo TPM, MSM Montanera de Jabugo, Promi Muebles o Tierra Virgen Alimentación.
Sin reprobación a Chaves. Mientras, el PP no logró ayer su propósito de reprobar en el Congreso al vicepresidente Manuel Chaves, ya que ninguno de los otros grupos de la oposición decidió sumar sus votos a los de los populares.