Piden penas de entre 8 y 10 años para cuatro miembros de la logística de ETA

La Fiscalía francesa pidió hoy diez años de cárcel para Borja Gutiérrez Elorduy, nueve para Zorion Salsamendi Abad e Iker Mendizábal Cubas y ocho para Eneko Bilbao Aresti, todos ellos acusados de pertenecer al aparato logístico de ETA. El fiscal del Tribunal Correccional de París Olivier Christen, que puso el acento en la implicación de los cuatro en la organización terrorista, reclamó también que se dicte contra ellos la expulsión definitiva de Francia. Christen considera que la instrucción había permitido " establecer su pertenencia a la estructura logística de ETA ", a la que califica de " elemento indispensable para la maquinaria " de la banda y para la comisión de atentados.

Gutiérrez Elorduy (31 años), Salsamendi (28) y Bilbao (31) fueron detenidos el 2 de diciembre de 2006 en una vivienda rural de la localidad de Labesserette -en el centro de Francia- que habían alquilado una docena de días antes. Mendizábal Cubas (33 años), por su parte, fue capturado en julio del año siguiente en Angulema junto a José Juan García González, al que también se situaba en el aparato logístico de ETA. En esa casa rural del departamento de Cantal, en la que tenían dos coches robados, se encontraron armas, sustancias para la fabricación de explosivos, abundante material electrónico e informático y documentación manuscrita, incluidas agendas y una hoja con las cuentas de la estructura.

Igualmente se les requisó documentación y matrículas falsas y recopilaciones de establecimientos de armas en Francia, lo que indujo a pensar que podrían haber preparado algún robo para aprovisionarse como hizo ETA en Vauvert (sureste), en octubre de 2006. Además, dejaron numerosos coches robados en diversos puntos de Francia durante las semanas y los meses que precedieron el desmantelamiento de la vivienda clandestina de Labesserette. La acusación vinculó a este grupo con otra estructura del aparato logístico que hubo en Quézac -en el departamento de Lozère, no muy lejos del Cantal-, y tres de cuyos miembros fueron detenidos allí tres días antes, en particular uno de los presuntos responsables de la logística, Zígor Garro Pérez, y su compañera, Marina Bernadó.

Gutiérrez Elorduy, acusado de una treintena de cargos, leyó en nombre de todos un breve texto en francés en el que justificaba su mutismo total durante el proceso como forma de manifestar que no reconocían al tribunal, al que acusó de " instrumento de represión ". Tras reivindicar la militancia en ETA, recordó que la banda decretó en enero un alto el fuego e instó a Francia a poner en marcha " un proceso de reconocimiento de Euskalherría ". El representante del Ministerio Público también había aludido en la requisitoria al anuncio del alto el fuego, pero en su caso para insistir en que " las treguas no han servido a la organización más que para reorganizarse ".

En esa línea, señaló que desde esa declaración se han seguido encontrando armas y explosivos en los refugios de los etarras, y en que en el último arresto en Francia un gendarme estuvo a punto de perder la vida tras ser tiroteado. Además de las causas en Francia, tres de los cuatro acusados que se sentaban en el banquillo tienen cuentas pendientes con la justicia española. España ha reclamado con euro órdenes la entrega de Salsamendi -inculpado por el alquiler de pisos francos-, Bilbao -por un atentado en 2002 contra el dirigente de las Juventudes Socialistas en el País Vasco Eduardo Madina- y Mendizábal -por otro atentado contra un cuartel de la Guardia Civil-. El juicio de hoy quedó visto para sentencia, que se hará pública el próximo día 25.