Desarticulan una red que trajo de forma ilegal a 1.500 iraníes
La operación se ha saldado con la detención de nueve personas
La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional que pudo introducir en España a unos 1.500 inmigrantes ilegales de origen iraní, en una operación, llamada Sofía , que se ha saldado con la detención de nueve personas -”siete iraníes, un rumano y un palestino-” como presuntos responsables de esta organización.
La operación, que ha contado con 120 agentes especializados en la lucha contra las redes de tráfico de inmigrantes, se ha desarrollado en Barcelona, Alicante y Valencia y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, según informó ayer la Guardia Civil.
Dada la envergadura territorial de la trama, que contaba con «sucursales» en Austria, Bélgica, Rumanía, Grecia, Turquía, Bulgaria e Irlanda, también se activaron los mecanismos de cooperación policial y judicial en estos países, lo que permitió a las autoridades austríacas proceder ayer mismo a la desarticulación de otra rama de esta red.
Durante sus años de funcionamiento, que la Guardia Civil no especifica en su nota de prensa, se calcula que la red pudo introducir de forma irregular en España a unas 1.500 personas, la mayoría de origen iraní y algunas de origen afgano, teniendo también como destino final otros países europeos y, en menor medida, Canadá.
Dinero. Según lo investigado, los inmigrantes tenían que pagar a la organización hasta 30.000 euros a cambio de una «bolsa de viaje» que incluía billetes de avión, documentaciones falsas, alojamientos, comida y ropa, por lo que se estima que esta actividad delictiva le llegó a reportar a la red varios millones de euros. A su llegada, a los inmigrantes se les instruía y formaba en un adecuado estilo de vestir al modo «europeo» y se les proporcionaba documentos de viaje de países pertenecientes al espacio Schengen, para no levantar las sospechas de los policías de los aeropuertos por donde transitaban. A los nueve detenidos en España se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsificación documental y usurpación del estado civil.