La extrema derecha mató a Ellacuría para abortar la paz en El Salvador
La Audiencia Nacional procesa a 20 salvadoreños por el asesinato de los jesuitas en 1989
Imagen de archivo de los retratos de los cinco jesuitas españoles y uno salvadoreño asesinados.
«Ahora es el momento de matar a los jesuitas». 16 de octubre de 1989. Universidad Centro Americana de El Salvador. 1:00 de la madrugada. Tras diez días de planificación al más alto nivel político y militar, un comando especial del ejército entra en la residencia de los sacerdotes. Buscan a los «delincuentes terroristas». A los «cerebros marxistas» de la guerrilla salvadoreña. El teniente Espinoza ordena «no dejar testigos».
Primero matan a sangre fría a cuatro religiosos. Después a dos más. Y en una habitación tirotean a una madre y su hija. 3:00 de la madrugada. Operación terminada. «El FMLN (la guerrilla izquierdista salvadoreña) asesinó a los enemigos espías», escriben los militares en la pared de la residencia para tapar el crimen. Después regresan al cuartel entre los vítores de sus superiores y el aplauso de los servicios de inteligencia, quienes actuaron en connivencia con un sector de la extrema derecha del partido gobernante, el Arena. Estas fueron las últimas horas del jesuita vasco Ángel Ellacuría, trágico protagonista de la guerra civil de El Salvador, las más violentas del continente iberoamericano con más 75.000 civiles fallecidos.
Lugares. El rector de la Universidad Centro Americana, activo mediador político y partidario de una salida negociada entre la guerrilla izquierdista y los partidos de derecha, encontró la muerte a la entrada de su residencia, junto a otros seis compañeros, cuando la guerra comenzaba a llegar a su fin. Su fallecimiento conmovió a todos los estamentos sociales del país, pero fue el punto de partida de la pacificación en El Salvador.
Este es el escenario que describe el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en su auto de procesamiento conocido ayer lunes. Tras varios años de investigación, el magistrado concluye las pesquisas y ordena el procesamiento de 20 militares por ocho delitos de asesinato terrorista y crímenes de lesa humanidad. Entre los acusados se encuentran responsables de la cúpula militar salvadoreña en el momento del crimen y los soldados del batallón especial que ejecutó las órdenes de sus superiores.
El juez Velasco ordena prisión provisional y sin fianza y busca y captura internacional para todos los procesados, y hace especial mención a la localización del coronel Inocente Orlando, exviceministro de Seguridad Pública y protagonista «activo» del plan de asesinato de los sacerdotes. Para llegar a estas conclusiones, el magistrado declara no valido el juicio que se celebró en El Salvador en 1991 y que acabó con «condenas forzadas» de dos coroneles y la absoluciones de otros acusados, algunos de ellos asesinos confesos. El auto revela que la masacre de los jesuitas se forjó en las alianzas entre altos cargos del Gobierno salvadoreño y el ejército.
Durante una década persiguieron a los religiosos, a los que consideraban precursores del marxismo en el país y líderes políticos de la guerrilla izquierdista. En octubre de 1989, en un clima favorable para la paz, las élites políticos y militares deciden tapar la boca y aplicar la «solución final» contra el grupo de jesuitas liderados por el rector universitaria Ángel Ellacuría.