El PSOE desoye a los jueces y quiere dar a los fiscales la investigación penal

El Gobierno ultima un borrador para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará la dirección de la investigación penal de los delitos, en la actualidad ejercida por los jueces de instrucción, a los fiscales. La norma, que está en la fase final de redacción, pretende cambiar un modelo de proceso penal lento y decimonónico. Indica que los miembros del Ministerio Público son quienes dirigirán a la policía y ordenarán las diligencias necesarias para recabar las pruebas que permitan sentar en el banquillo al presunto autor de un delito. El cambio de sistema no significaría la desaparición de los jueces, sino todo lo contrario. Un magistrado garantizaría el respeto a los derechos del investigado durante la fase de instrucción, otro examinaría las pruebas para saber si hay indicios suficientes antes de dictar la apertura de un proceso, y un juez o tribunal distinto celebraría el juicio, en línea con el sistema vigente en varios países europeos.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una tarea pendiente de todos los gobiernos de la democracia, dado que la norma aunque con modificaciones parciales data del año 1882, no sólo afecta a la estructura del proceso penal sino que también adapta a la sucesiva jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional los mecanismos de obtención de pruebas -”escuchas y grabaciones, tomas de muestras, registros, etc-”, las garantías de los detenidos, o las medidas cautelares como la prisión preventiva, entre otros aspectos. El documento también introduce otra serie de novedades llamativas como la desaparición de la figura del imputado y su sustitución por la del investigado o la imposibilidad de que la existencia de una acusación popular sea suficiente por sí sola para sentar a alguien en el banquillo.

No obstante, es muy posible que el borrador termine en un cajón por haberse agotado la actual legislatura, sin tiempo de ser aprobado por el Congreso y el Senado. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no quiso ayer cerrar la puerta y, aunque admitió las dificultades para lograr la aprobación de las Cortes, indicó que intentará llegar a tiempo. El actual borrador, en el que «aún quedan bastantes cosas por perfilar» según el propio Caamaño, no tiene fecha para ser aprobado por el Consejo de Ministros como anteproyecto de ley.

El PP, sin entrar en más detalles, ya advirtió ayer de que no respaldará que los fiscales se hagan cargo de la instrucción penal salvo que de forma previa cambie la naturaleza del Ministerio Público, de estructura jerarquizada y a cuyo jefe designa el Gobierno. La misma exigencia previa impusieron las principales asociaciones de jueces.