Ruz acusa de colaboración con ETAa los mandos policiales del chivatazo

El juez Pablo Ruz decidió ayer sentar en el banquillo a los imputados por el caso Faisán. El exdirector de la policía, Víctor García Hidalgo, el todavía jefe superior de la policía en el País Vasco, Enrique Pamiés Medina, y el inspector de Vitoria, José María Ballesteros Pastor, se convirtieron ayer en los primeros responsables de las fuerzas de seguridad de la historia de España en estar procesados por un delito de terrorismo. El instructor consideró que hay indicios suficientes para enjuiciarles por colaboración con banda armada, un ilícito castigado con entre cinco y diez años de cárcel, aunque dejó abierta la puerta a que solo respondan por un delito de revelación de secretos, castigado con hasta tres años de prisión, y otro de encubrimiento, otros tres años.

La Sala de lo Penal de la Audiencia tendrá que decidir los cargos y resolver si mantiene la imputación por los delitos de terrorismo, lo que implicaría que los tres encausados serían juzgados por ese mismo tribunal. Tras cinco años de investigación judicial, Ruz decidió dar por concluida la investigación sobre el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en mayo del 2006, apenas 24 horas después de que Antonio Camacho -”inmediato superior jerárquico en la época del principal imputado, García Hidalgo-” tomara posesión de la cartera de Interior en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba. El juez destacó que los tres imputados «seguramente» no tenían intención de ayudar a la banda dados sus cargos en las fuerzas de seguridad, pero explicó que no puede «obviarse» que la delación en la que participaron tuvo «eficacia» para la «propia actividad terrorista», hasta el punto de que la actuación de García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros favoreció de forma «real» al aparato de extorsión de ETA.

Evitar detenciones. Los tres, concluyó el magistrado, «asumieron una necesaria ayuda, contribución o beneficio de las actividades terroristas» permitiendo la «continuación» de la actividad delictiva de los recaudadores de ETA «evitando su detención por parte de los funcionarios policiales». Ruz admitió que el «móvil» o la «intención» de los tres imputados no había «podido acreditarse» en los cinco años de investigación, pero, por primera vez, insinuó que estaba relacionado con el proceso de «negociación» entablado entonces entre el Gobierno y ETA, que había declarado un alto el fuego sólo semanas antes del soplo, en marzo. En ese sentido enmarcó el chivatazo en la «situación política».