El Gobierno critica el procesamiento de mandos policiales por el caso Faisán

El Gobierno rompió su norma de no comentar las decisiones judiciales y arremetió contra el auto que procesa por colaboración con banda armada a tres mandos policiales por el chivatazo a ETA en el bar Faisán. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, consideró ayer que la acusación del juez Pablo Ruz se basa en una «suma de indicios» y no en pruebas fehacientes que fundamenten una imputación de ese calibre a miembros de las fuerzas de seguridad que «llevan toda la vida luchando contra el terrorismo».

El auto de procesamiento al exdirector general de la policía, al jefe del cuerpo en el País Vasco y a un inspector cayó como una bomba en el Gobierno, que no dio crédito a la resolución del juez de la Audiencia Nacional. La esperanza en el Ejecutivo es que la Sala de lo Penal de ese tribunal desestimará de forma parcial el escrito del juez instructor y dejará los cargos en revelación de secretos. Si ese supuesto se produce, como se espera en el Gobierno, la causa pasará a un juzgado ordinario de Irún, circunscripción que corresponde al barrio de Behobia donde está el bar Faisán.

La confianza gubernamental no tiene, sin embargo, mucho sustento. La calificación definitiva de los delitos corresponderá a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia, compuesta por dos magistrados de marcado tinte conservador, Enrique López -”el principal escollo para que PSOE y PP pacten la renovación del Tribunal Constitucional por el veto de los socialistas a su nombramiento-” y Fernando García Nicolás, el tercero es Julio de Diego. La Fiscalía mantendrá ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su petición de que los cargos contra los tres mandos policiales se limiten a revelación de secretos, pero de ningún modo a colaboración con banda armada. Fuentes jurídicas, no obstante, señalaron que es muy improbable que se revoque el auto de procesamiento de Ruz porque, por un lado, es inusual que la Sala enmiende la plana al instructor, y, por otro, el juicio será el momento procesal adecuado para determinar si los presuntos delitos se han cometido.

El ministro de Presidencia manifestó, pese a todo, que tiene «la firme convicción» de que un recurso de apelación permitirá que la calificación del juez Ruz sea «revocada». Esa impugnación, de momento, solo la presentará la defensa de los acusados, a la que la Fiscalía podría sumarse. Jáuregui señaló que los cargos se han construido en base a «una suma de indicios más bien especulativos» contra unos policías que se han jugado la vida en la lucha contra ETA y que, incluso, son «víctimas de la violencia». Es, remató, «sencillamente disparatado».

1397124194 «El problema soy yo». El ministro dejó caer además que todo apunta a que el objetivo último de este proceso judicial es Alfredo Pérez Rubalcaba, «el ministro que más y mejor ha trabajado por la derrota de ETA». Una apreciación en la que coincidió el interesado. El candidato socialista recordó ayer que el PP es una parte en el proceso como acusación particular y señaló que si él no hubiera sido ministro del Interior «y si hoy no fuera el candidato» el chivatazo al aparato de extorsión de la organización terrorista en mayo del 2006 hubiera pasado sin pena ni gloria. «El problema, -”agregó-” no es (Antonio) Camacho (actual ministro del Interior) sino que el problema soy yo». Rubalcaba aseguró que se trata de un asunto que, a su juicio, se sobredimensionó en su momento porque «existo yo» y si ahora ha cogido aún más vuelo político tras la exigencia de responsabilidades planteada por el PP es porque «yo soy el candidato, esa es la razón y nada más porque la lucha antiterrorista no tuvo ningún problema» ya que el aparato de extorsión de ETA fue desmantelado un mes después del chivatazo.

En el terreno jurídico, Rubalcaba se limitó a decir que el auto de procesamiento de Ruz tiene «fallos jurídicos».