Cronología de 29 meses de investigación

La decisión judicial de abrir juicio oral contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se produce dos años y cinco meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciara la investigación por una supuesta trama de corrupción en el denominado caso Gürtel.

Fue el 6 de febrero del 2009 cuando dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur, adjudicado a Orange Market, cuyo responsable en Valencia, Álvaro Pérez, fue detenido tres días después por su presunta implicación en la red de corrupción.

No obstante, fue el 19 de febrero cuando dos periódicos publicaron que la Fiscalía Anticorrupción implicaba al presidente valenciano en la trama de corrupción debido a una frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él, algo que Camps desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno.

Menos de un mes después, el 5 de marzo, Garzón envió la rama valenciana del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Camps y contra el entonces secretario del PPCV, Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

El 21 de abril el TSJCV se declaró competente para asumir las investigaciones en los hechos que afectaban a Camps --a quien Garzón acusaba de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad-- y a los otros tres dirigentes valencianos.

Uno de los hitos de ese año fue la declaración como imputado, el 20 de mayo, de Camps ante el TSJCV, que en agosto ordenó el sobreseimiento libre de la causa abierta contra los cuatro imputados por un supuesto delito de cohecho, un archivo que la Fiscalía y el PSPV-PSOE recurrieron ante el Supremo en septiembre.

En octubre, el levantamiento parcial del secreto de sumario reveló detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido. Un mes después, el PSPV presentó una querella contra la dirección del PPCV y cuatro constructoras por varios delitos, que el TSJCV rechazó asumir en febrero del 2010 para evitar duplicidades, pese a ver indicios de delito.

En abril, el Tribunal Supremo admitió los recursos contra el archivo del caso en Valencia, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó la personación del PSPV-PSOE como acusación popular. El 12 de mayo, el Supremo ordenó al TSJCV reabrir la parte valenciana del caso, al interpretar que para que haya cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración del cargo.

Ya en el 2011, el pasado enero, el magistrado del TSCJV José Flors dictó una providencia para que las partes personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el presidente presentaran sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa. La Fiscalía Anticorrupción pidió 41.250 euros de multa a Camps por un delito de cohecho, mientras la acusación particular, ejercida por el PSPV, elevó la petición a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de una multa de 46.000 euros, y la defensa pidió el sobreseimiento de la causa.

En abril, Anticorrupción consideró que el TSJCV era competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red Gürtel, que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico.

En mayo, el TSJCV asumió investigar un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.

Un mes después, el TSJCV rechazó la inclusión de Camps en la causa por supuesta financiación ilegal del PP, y confirmó la implicación del exvicepresident Vicente Rambla y de la expresidenta de Les Corts Milagros Martínez.

El 5 de julio, el TSJCV rechazó acumular las causas de los trajes y la financiación del PPCV, y el 12 de julio se celebró la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, en la que las partes mantuvieron sus peticiones. Este viernes con la decisión de sentar a Camps en el banquillo se abre una nueva fase del proceso.