Camps se sentará en el banquillo de los acusados por el caso de los trajes

Inapelable. Sin posibilidad de más recursos. Francisco Camps se sentará el próximo otoño en el banquillo, acusado de corrupción. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors decretó ayer la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat y tres de sus colaboradores, a los que imputó un delito de cohecho pasivo impropio -”aceptar dádivas sin contraprestación conocida-” al haberse dejado regalar prendas de vestir por parte de Álvaro Pérez, El Bigotes , el testaferro en Valencia del cabecilla de la trama Gürtel. Junto a Camps, se enfrentarán al tribunal del jurado popular Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano y actual portavoz de Economía; Víctor Campos, exvicepresidente del Consell; y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejeria de Turismo.

El magistrado considera que, tras casi dos años y medio de investigación, hay pruebas suficientes que apuntan a que los cuatro aceptaron «trajes a medida, calzado y otras prendas de vestir» de manos de El Bigotes y su empresa Orange Market , plenamente conscientes de que el objetivo de Álvaro Pérez no era otro que el «de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas obsequiadas». Los regalos a los políticos del PP, sostiene el juez, tuvieron un valor cercano a los 40.000 euros. Camps se dejó obsequiar con ropa valorada en 14.021 euros, Betoret con 13.499, Costa con 7.375 y Campos con 5.529. Esas prendas fueron «recibidas y aceptadas por ellos a sabiendas de quien asumiría el pago de su importe», Orange Market, la misma empresa, recuerda el juez, a la que la Generalitat entregó más de 6,9 millones de euros en contratos entre el 2005 y el 2009. A pesar de constatar esta relación, Flors rechazó ampliar este proceso a los otros delitos de los que la Fiscalía acusa a los cuatro imputados y a otros responsables del Gobierno autonómico, entre ellos delito electoral y contra la administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio.

Segundo proceso. Las «irregularidades jurídico administrativas de los contratos», el tronco central del caso Gürtel en Valencia, se solventarán en un segundo proceso, cuya instrucción aún dista de estar acabada. En ese segundo proceso, la Fiscalía sí pedirá penas de cárcel e inhabilitación, pero en la presente causa de los trajes el Ministerio Público sólo reclama multas de 41.250 euros para Camps, Costa y Betoret, y de 35.000 euros en el caso de Campos. El juez ordenó ayer a los cuatro que depositen ese dinero en el juzgado más un tercio de esa cantidad, a modo de fianza civil, bajo el apercibimiento de que pueden ser embargados sus bienes.

En su auto, el juez también elaboró un prolijo relato de las pruebas contra los cuatro encausados. Detalló la forma en que los responsables de la red acompañaban a los agasajados a las tiendas Milano y Forever Young en Madrid a elegir los trajes con la constatación de que los políticos salían de esos comercios sin abonar jamás las compras. Ante estos indicios Flors insistió en que esos regalos «reiterados» no pueden ser más que calificados de «dádivas» y «cohechos» porque en ningún caso son «presentes o atenciones de cortesía» como los que reciben otros altos cargos. No son, insistió, «inocuos y admisibles» regalos conformes a los usos sociales.