Los controladores abandonaron sus puestos de trabajo por «estrés» laboral
Comienzan a declarar los imputados por la huelga aérea del pasado diciembre
Luis Vericat, el abogado que defiende a los afectados por el caos aéreo.
Los controladores que el pasado puente de la Constitución colapsaron durante dos días el espacio aéreo español y dejaron atrapados en los aeropuertos a unos 600.000 viajeros declararon ayer ante una juez de Madrid que el 3 de diciembre del 2010 dejaron sus puestos en las torres de control estresados por las duras condiciones laborales impuestas en los decretos de horarios aprobados por el Gobierno.
Los dos primeros imputados que declararon fijaron así la que parece que será su línea de defensa. El abandono de las torres fue una suma de bajas médicas individuales provocadas por el estrés y en ningún caso se trató de un movimiento organizado ni de una huelga salvaje encubierta. Así lo explicaron los técnicos ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero. La juez interrogó a dos de los 16 controladores de esta comunidad imputados por delitos de sedición y abandono del puesto de trabajo por marcharse de forma masiva de las torres de control y causar la suspensión de los vuelos. La titular del juzgado había citado a cuatro controladores, pero los otros dos imputados no acudieron al juzgado por estar de baja.
Causas penales similares se siguen en otras comunidades como Cataluña, Baleares o Canarias contra otras decenas de controladores, que se enfrentan a la reclamación de indemnizaciones millonarias y a penas de cárcel de hasta ocho años. El caos aéreo desatado por la ausencia de controladores en las torres hizo que el Gobierno decretase el cierre del espacio aéreo y declarase por primera vez en la historia española el estado de alarma para poder militarizar a los técnicos y obligarles a volver a sus puestos de trabajo.
La juez seguirá con las tomas de declaración a otros encausados hasta el próximo jueves. Hoy se espera que interrogue a Camilo Cela, presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), la organización que agrupa al 90% de estos profesionales y a la que los atestados policiales y el Ministerio de Fomento responsabilizaban de organizar y coordinar la posible huelga salvaje
1397124194 «No creo en casualidades». Unos 10.000 afectados por el colapso en los aeropuertos, agrupados como acusación particular, reclaman a los imputados una indemnización de unos 10.000 para cada viajero por daños morales, además de la cantidad que determinen los tribunales en cada caso por los daños materiales. El portavoz de los afectados, Luis Vericat, aseguró en la puerta de los juzgados que no creen en «las casualidades» y que es imposible que cientos de controladores se pusiesen enfermos el mismo día y al mismo tiempo, por lo que exigirán responsabilidades por sus actos, ya que lo ocurrido «no les va a salir gratis».