Una trama de dos años y medio de investigaciones y recursos judiciales
La redada comienza el 6 de febrero del 2009, fecha en la que Baltasar Garzón desata la operación Gürtel contra la red corrupta que dirigía Francisco Correa. Junto a Correa son detenidos sus dos hombres de confianza, Pablo Crespo y Antoine Sanchez, y su testaferro en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes , amigo personal de Camps. Desde un principio, Anticorrupción tiene indicios de que la trama ha mantenido contactos con la Consejería de Turismo, y el 19 de febrero acusa formalmente a El Bigotes de haber pagado unos 30.000 en trajes a altos cargos. Camps lo desmiente tajantemente. El juez Baltasar Garzón se inhibe el 5 de marzo y envía el sumario a los tribunales superiores de Madrid y Valencia. El magistrado señala por primera vez a los cuatro altos cargos valencianos, que posteriormente serán procesados: Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Días después, el 15 de marzo, entra en escena José Tomás, el sastre de Gürtel, que desvela que el president le ha llamado en varias ocasiones preocupado por si su nombre aparecía en las facturas, y asegura que Camps nunca pagaba sus trajes .
Francisco Camps declara el 20 de mayo como imputado ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors. El president asegura que siempre pagó sus trajes y su defensa acusa al sastre de falsear las cuentas. El TSJV -”cuyo presidente era José Luis de la Rua, amigo íntimo de Camps-”, archiva la causa el 3 de agosto, al no encontrar indicios de delito, decisión que la Fiscalía recurre ante el Supremo. El 24 de septiembre, Antiblanqueo apunta a la financiación irregular del PP valenciano y, tras una larga batalla con Génova, Costa dimite el 14 de octubre.
Reapertura y fase final. El Tribunal Supremo ordena el 12 de mayo del 2010 reabrir la investigación al entender que la simple recepción de dádivas es constitutivo en sí de un delito de cohecho impropio. En el curso de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción acusa el 11 de febrero del 2011 a Francisco Camps y a los otros tres procesados de un delito continuado de cohecho impropio por haber aceptado los trajes de El Bigotes , y reclama una multa de 41.250 euros para el president . Finalmente, el pasado 15 de julio, el juez Flors abre juicio oral contra Camps, Costa, Betoret y Campos. Su decisión es inapelable y supone el banquillo para todos los procesados, acusados de cohecho impropio, a no ser que los imputados se avengan a pagar las multas y a aceptar su culpa. Betoret y Campos pagan la sanción y se autoinculpan el 20 de mayo. Costa y Camps, hasta el momento, no lo han hecho.