La sombra de los déficit ocultos planea sobre el Consejo de política fiscal
Los planes de ajuste de seis comunidades y el gasto para los presupuestos autonómicos, algunos temas a tratar1397124194
La sombra de los supuestos déficit ocultos, que las nuevas comunidades gobernadas por el PP están denunciando, planeará sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra el próximo miércoles.
Un consejo que será intenso, en cualquier caso, si trata todos los asuntos pendientes: los planes de ajuste de seis comunidades que quedan por aprobar, la regla de gasto que quiere implantar el Ejecutivo para los presupuestos autonómicos y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación autonómica del 2012, que deberán ir preferentemente a la sanidad.
La reunión se celebra en un momento de clara tensión entre el Ejecutivo y los nuevos gobiernos autonómicos del PP que, encabezados por el de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, aseguran tener mayores déficit públicos de los declarados por sus antecesores. Repaso contable del que duda la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, para quien el Gobierno castellanomanchego está haciendo un «ruido injustificado».
Dos casos concretos. Cospedal no es la única que dice haberse encontrado un déficit más elevado del esperado y facturas sin pagar que cifra en más de 2.600 millones de euros; a la denuncia se ha unido el presidente cántabro, Ignacio Diego, quien asegura haber descubierto un agujero de 440 millones de euros. En este caso, se trata, según Diego, de compromisos adquiridos con Cantabria por parte del Estado que están pendientes de cumplir, y que pedirá en la reunión del miércoles.
Los consejeros de Economía de los gobiernos autonómicos populares han prometido acudir al consejo con una posición «muy reivindicativa», en la que denunciarán su «apremiante» problema de liquidez, y previsiblemente se reunirán antes para terminar de preparar su posición común.
Tampoco piensa el PP apoyar la regla de gasto que el Gobierno quiere implantar en la elaboración de los presupuestos autonómicos, por considerarla insuficiente. Es un tope máximo al aumento anual del gasto, que se calcularía teniendo en cuenta la evolución del PIB de los cinco años anteriores y las previsiones para los tres ejercicios siguientes, y que el Ejecutivo quiere trasladar a las autonomías tras decretarlo para los presupuestos estatales y de los ayuntamientos.