El -caso Faisán- llega al pleno

Los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional serán los que decidan si tres mandos policiales procesados por el chivatazo a ETA en mayo del 2006 se sientan finalmente en el banquillo y, si lo hacen, acusados de qué delitos (colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos). El presidente de este órgano, Javier Gómez Bermúdez, decidió ayer que sean todos los magistrados de lo penal, y no solo los tres de la sección segunda, los que estudien y resuelvan los recursos presentados por el director general de la policía, Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros, contra su procesamiento decretado por el juez Pablo Ruz el pasado 13 de julio.

Gómez Bermúdez justificó su decisión de avocar al pleno la causa del soplo a ETA por la «complejidad, trascendencia e importancia jurídica» del asunto y sus repercusiones para la futura jurisprudencia del tribunal de la calle Génova. La reunión del pleno tendrá lugar en septiembre, ya que el mes de agosto es inhábil. En ese cónclave, los magistrados tendrán que decidir sobre dos cuestiones fundamentales. La primera, si hay suficientes indicios contra los tres imputados para abrir juicio oral, tal y como sostienen Ruz y la Fiscalía, en contra de las defensas. La segunda es dilucidar si el delito que supuestamente cometieron los imputados fue colaboración con banda armada, tesis que apoya el instructor, o si fue un simple encubrimiento o revelación de secretos.