Las comunidades acuerdan dotarse de una regla de gasto en seis meses
El Gobierno rechaza aplazar los pagos pendientes, como reclamaban los populares
Las dificultades de liquidez que prevén las comunidades autónomas para el 2012 y las peticiones del PP de un aplazamiento en los pagos de las liquidaciones pendientes correspondientes a los años 2008 y 2009 marcaron la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno se mantuvo firme ante la ostentación de poder autonómico que exhibió el PP, pero llevó a la reunión una propuesta para aliviar la asfixia que algunos territorios esperan sufrir el año que viene.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, planteó a los consejeros autonómicos de Hacienda financiar la mitad de los 4.850 millones de euros que los ejecutivos regionales deberán abonar al Estado el año próximo a través de un préstamo a tres años del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyos fondos deberán destinar a pagar a proveedores. Las consejerías recibirán por escrito en los próximos días esta propuesta, que no fue sometida a votación.
Elena Salgado, explicó al término del cónclave que las comunidades autónomas dispondrán el año que viene de 7.900 millones de euros netos más que en el 2011, de ahí que, señaló, que las dificultades de liquidez que aducen los responsables de las comunidades «no deberían de presentarse». Pero si las hubiera, Salgado -”que rechazó en todo momento la extensión del plazo de devolución que pidió el PP-” puso sobre la mesa su propuesta de un crédito ICO, una solución que a su juicio es «más razonable» y «consigue los mismos efectos» que el aplazamiento. Recalcó, eso sí, que las comunidades tendrán que devolver el dinero al ICO, que «evidentemente cobrará los intereses correspondientes». La propuesta, aseguró, fue «razonablemente recibida» por todas las comunidades, incluidas las del PP. Regla de gasto. El Gobierno no tuvo éxito a la hora de convencer a las comunidades autónomas de que asumieran como propia la regla de gasto diseñada para la administración central y las entidades locales. Las comunidades autónomas se comprometieron también, por unanimidad, a dotarse por ley de un mecanismo similar en un período de seis meses, pero no quisieron entrar en detalles, aunque apuntaron que será «lo más homogénea posible».
