Vuelta al cole entre rejas

A las seis de la tarde de un miércoles más de la semana, los muros de la prisión de Villahierro observan imperturbables el trasiego de internos en los patios y campos de juego. El pasillo donde se encuentran las cinco aulas de la prisión está prácticamente vacío. En el interior de una de ellas, un recluso lee a solas una novela de Vargas Llosa y toma notas en un folio huérfano. Aunque el curso no ha empezado, este joven de origen peruano al que le quedan dos años para terminar la carrera de Derecho ya se ha puesto las pilas. El estudio se ha convertido en una herramienta que le hace más llevadera la realidad. A él y a los casi 250 presos y presas que hoy iniciarán el curso escolar con el apoyo de tres maestros y dos maestras. El objetivo de fondo es favorecer la reinserción social de los delincuentes. «Educar para que cuando salgan no vuelvan a cometer un delito», en palabras del director del centro penitenciario, José Manuel Cendón Silván.

La matrícula para el curso 2011-2012 consta de 225 alumnos en enseñanza inicial y secundaria y una veintena en estudios universitarios a través de la Uned. La mitad de las personas que asisten a la escuela de la prisión (1.250 reclusos) están en grupos de estudio de iniciación y conocimientos básicos, donde se aprende a leer y escribir, geografía, gramática y todas aquellas materias que podría cursar un estudiante de Primaria. Además, medio centenar de reclusos están matriculados en Secundaria. Otros tantos acuden a clases de español para extranjeros.

Baile de alumnos. Como todo en prisión, también la matriculación es singular. Es posible saber cuántos alumnos comenzarán el curso hoy, pero no cuántos habrá dentro de un mes o seis. Los procesos penitenciarios en los que están involucrados a veces les impide terminar la formación antes de salir en libertad, momento en el que prácticamente todos abandonan. Por otra parte están las nuevas incorporaciones, por lo que los plazos permanecen siempre abiertos durante todo el curso sin que exista límite de vacantes. Al menos para todos los niveles, excepto el segundo ciclo de la enseñanza secundaria para personas adultas, que determina el Centro de Adultos de León.

Generalmente se admite a todos los internos que soliciten su asistencia a las clases. Cuando son aceptados, se les asigna el grupo más acorde con su nivel formativo y cultural. El único límite que se les pone es la existencia de problemas disciplinarios dentro de la clase. En coordinación con el centro de adultos, a los distintos alumnos se les aplica la denominada VIA, que sirve para clasificarles en el nivel correspondiente.

El número de matriculaciones ha permanecido estable durante los últimos años, incluso ahora que la carga de reclusos baja cada semana en el centro penitenciario. Uno de cada cinco presos de Mansilla ya recibe algún tipo de formación reglada. En tal sentido, para Instituciones Penitenciarias es prioritaria la enseñanza básica que se imparte a los internos e internas analfabetos, a los jóvenes, a las personas extranjeras y a aquellos que presentan problemas específicos para acceder a la educación. El profesorado del centro ha elaborado una breve lista de objetivos para el curso que arranca hoy. El primero es hacer accesible la enseñanza a todos los internos que lo deseen y conseguir que la labor educativa se normalice en la dinámica de los módulos de respeto que funcionan en el centro. Creen que aumentando el interés por la escuela habrá «mayor estabilidad y menos bajas». También pretenden que los equipos de observación y tratamiento reconozcan y valoren la actividad escolar de los internos. Una de sus estrategias educativas para este año es potenciar el interés por la lectura, ya no sólo de libros, sino de prensa y todo tipo de soportes. Esa mayor ocupación evitaría que los internos pasasen menos tiempo desocupados en el patio. Finalmente tienen como meta aumentar las matriculaciones de alumnos extranjeros en los cursos de español, una vía imprescindible para su integración.

Ser maestro en la cárcel. Tras la integración en 1999 de los profesores de EGB de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Maestros, dos años más tarde la Junta de Castilla y León presta el servicio educativo en todos los niveles y modalidades de educación permanente de adultos, por lo que el profesorado no evalúa ni acredita, sino que lo hace el Centro de Personas Adultas Faustina Álvarez de León, al que territorialmente corresponde la cárcel de Mansilla. No obstante, hay convenios concretos para acceder a otro tipo de formación, como el suscrito con la Fundación Sierra Pambley sobre los cursos de español para extranjeros. Aunque es notorio el volumen de delincuentes extranjeros dentro de esta prisión, la lengua de origen de la mayor parte de los internos es el español, por lo que este tipo de formación apenas es testimonial en relación a la población reclusa total.

Hay muchos otros alumnos en formación para el empleo que enlazan con la escuela cuando terminan los talleres. Como es una institución cerrada, todas estos programas específicos de intervención «interesan aunque sólo sea por ocupar el tiempo», indica uno de los cinco maestros de la prisión.

Sin reducción de pena. Y todo ello a pesar de que en 1996 la filosofía penitenciaria cambió para convertir la estancia en mera condena de un delito, impidiendo que los reos puedan recudir pena por estudios o trabajo. La eliminación de beneficios penitenciarios no excluye que la participación de los internos en las actividades escolares del centro favorezca la progresión de grado, matiza otro de los maestros del centro.

Ocurre que la Consejería de Educación aún no ha regulado de forma específica la educación de personas adultas en régimen de privación de libertad, por lo las ochos prisiones están funcionando con un viejo modelo que «bloquea» la autonomía formativa, de manera que la función de los maestros de la prisión se está reduciendo a educar sin que puedan valorar a sus propios alumnos.

La Ley Orgánica General Penitenciaria, de 1979, obliga a establecer y estimular sistemas de participación de los internos en actividades o responsabilidades de orden educativo y cultural. A tenor de este documento, la administración penitenciaria debe formentar el interés de los internos por el estudio y dar las máximas facilidades para ello, de forma que la educación no se vea como una gratificación para el reo sino como un derecho cívico. Cada cárcel debe tener una escuela y las enseñanzas que imparta deben ajustarse a la legislación vigente en materia de educación y formación profesional (artículo 55). Estas enseñanzas comprenden desde la educación básica a la formación superior, duplicándose en los diez últimos años el número de estudiantes universitarios que estudian en prisión.

En la de León son una veintena durante este curso y estudian carreras de letras que no exigen prácticas u otras actividades académicas con presencia obligatoria en el exterior, del tipo Derecho, Sociología o Psicología. El desarrollo de la legislación penitenciaria ha permitido a la prisión de Villahierro firmar un convenio con la Universidad a Distancia, por el que las personas en prisión pueden realizar los estudios que imparte la Uned en idénticas condiciones que el resto de ciudadanos, puesto que el alumno dispone de las correspondientes tutorías, apoyo a distancia y material didáctico. Una encuesta realizada por el Ministerio de Educación, publicada a finales del pasado año, revela una presencia significativa de padres con estudios universitarios (19,2%) y madres universitarias (11,4%). Por el contrario, un 9,5% de los cabezas de familia varones no han completado ningún tipo de estudio frente al 14,6% de las madres. Según el mismo estudio, el 41% de los encuestados han concluido los estudios previos a la Universidad. Sólo un 20% de los estudiantes renegó de la experiencia de estudiar en prisión, mientras que casi el 80% la consideró positiva o muy positiva. Siete de cada diez reos considera que faltan medios para estudiar. El aspecto peor valorado es el uso de ordenadores y el acceso a Internet.