El PP pide que se pare el proceso de privatización de Loterías y AENA

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy que "no es pertinente" hacer privatizaciones en periodos electorales y que los procesos iniciados en Loterías y AENA "se tienen que parar".

Durante su participación en el Foro Cinco Días, Montoro ha afirmado que las "prisas" por los procesos de privatización no se entienden y "generan dudas y sospechas de toda naturaleza".

Montoro ha criticado la publicidad que se está haciendo respecto a que ahora la Lotería "es más de todos" cuando a su juicio supone "malvender" el patrimonio del Estado, que genera un recurso "recurrente" y ayuda a corregir el déficit público.

Por eso, ha manifestado que el PP revisará esos procesos "en términos de contenidos" y cambiará las condiciones "en lo que haga falta" porque no permitirá que un "monopolio público se venda a un monopolista privado sin pagar impuestos".

El responsable económico del PP ha dicho además, que estas operaciones estaban planteadas para final de año y ahora se aceleran porque se han adelantado las elecciones.

Montoro ha recordado que el PP revisará, si logra gobernar tras las elecciones, las condiciones para la adjudicación de las privatizaciones de empresas públicas para comprobar si existe "malversación de caudales públicos" en estas operaciones. Por tanto, ha dicho que espera que el Gobierno "actúe de forma sensata" para hacerlo, dado que los plazos no se "pueden creer".

En el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno decidió privatizar el 30 % de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y terminar con 250 años de gestión estatal del sector del juego en una operación que supone la salida a Bolsa de la empresa en una oferta pública de venta (OPV).

En cuanto al proceso de privatización de AENA, en estos momentos, están en marcha, además del concurso para la gestión de 13 torres de control aéreo, los de la concesión de la gestión de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, que aportarán 5.300 millones de euros a las arcas del Estado.