El tribunal del caso Malaya ordena a Roca pagar 600.000 euros a Marbella
El tribunal del caso Malaya, la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español, ha ordenado al administrador judicial de las sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que abone 600.000 euros al municipio de Marbella.
Este dinero será entregado al consistorio «atendiendo al deseo expreso de Roca» de satisfacer la condena que le fue impuesta en el caso Saqueo y «dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento», según el auto judicial. Esta resolución ha sido tomada por la Sala «dada la liquidez sobrante en la actualidad de las sociedades atribuidas a Juan Antonio Roca y que están sometidas a la medida de administración judicial.
El tribunal ha acordado que dicha cuantía se articule en la contabilidad interna de las sociedades, como un contrato de préstamo que tales sociedades efectúan a Roca.
1397124194 Condenas. El 23 de enero del 2009, la Audiencia Nacional condenó a Roca, al letrado José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel, al pago conjunto y solidario de 24,3 millones de euros por los perjuicios causados con el «caso Saqueo», sobre el desvío de esa cantidad del Ayuntamiento a empresas privadas entre 1991 y 1995.
El 29 de noviembre del 2010, la Audiencia Provincial de Málaga dictó una providencia en la que se establecía un principio de acuerdo entre Roca y el Ayuntamiento para que la Finca de la Caridad fuese entregada al consistorio en concepto de responsabilidad civil, si bien el principio de acuerdo no llegó a buen término y continuaron con las negociaciones para cumplir con la sentencia condenatoria.
En este sentido, ya se ha alcanzado un acuerdo, según el auto, que está pendiente de ser ratificado por la sala del caso Malaya, que mantiene intervenidos los bienes de Roca. Según dicho acuerdo, se entregará al Ayuntamiento diferentes importes, en diferentes fechas y todo ello una vez se efectúe la venta del Palacio de los Condes de Villagonzalo, en Madrid.
Pero «atendiendo a que aún no se haya procedido a la venta del citado inmueble, y dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento», la sala ha ordenado que sean transferidos 600.000 euros, en pago de las responsabilidades pecuniarias decretadas por la Audiencia Nacional.
Los magistrados han acordado dicha entrega de dinero «atendiendo de manera fundamental a que ningún perjuicio material es detectable por ello» y, porque hay «una administración pública que aparece como víctima de un delito que ha de ser resarcida en la cuantía declarada judicialmente».