Lo que queda para la paz sin ETA

El anuncio de «cese definitivo» de la violencia de ETA plantea un reguero de incógnitas que solo el tiempo podrá despejar. Desde la suerte de los más de 700 terroristas encarcelados en España y en Francia hasta el futuro electoral de la ilegalizada izquierda abertzale, pasando por el desarme o la lucha antiterrorista. Sólo hay una certeza: será el Gobierno elegido el 20-N el que deberá gestionar la forma en que ETA certifica su fin. PP y PSOE han asegurado que no habrá concesiones políticas a cambio de la paz y, mucho menos, una amnistía general como reclaman los terroristas y la izquierda abertzale. Pero se han mostrado dispuestos a dar pasos si ETA anunciaba su disolución sin condiciones.

Es o más fácil. Es una reclamación histórica de ETA desde que en 1989 el ministro de Justicia, Enrique Múgica, puso en marcha la dispersión de los presos para debilitar a la banda. Los 559 reclusos en España están repartidos en 51 centros penitenciarios. Francia también aplica esa política sus 140 internos etarras. Sólo una treintena de los presos de ETA en España están en el País Vasco. Sería la medida más fácil y menos polémica, pues no supone la aplicación de beneficio carcelario alguno. No hacen falta cambios legales porque el reparto de los presos por los centros es potestad de Instituciones Penitenciarias sin tener que dar explicación a jueces de vigilancia o tribunales. Tiene el respaldo de la legislación, que establece que el preso debe cumplir condena cerca de su lugar de residencia o donde tenga arraigo social. Y ahora, además, una fácil justificación: la dispersión nació para debilitar a una banda terrorista que ahora, aunque exista formalmente, ya no va a atentar. El acercamiento podría ser masivo, pero todo parece indicar que, de producirse, sería escalonado y siempre beneficiaría a los terroristas que rompan con ETA. Esa táctica se ha empleado con los presos díscolos con la dirección de ETA, a los que del Interior ha acercado y congregado en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca.

Muy complejo Es una medida más polémica. No habría una amnistía general, que no tiene amparo legal ni en el Código Penal ni en la Constitución. Aquí caben muchas posibilidades, pero siempre de manera individualizada. Presos irredentos o con delitos de sangre: son 337, todos ellos en primer grado. El margen del futuro Gobierno será muy limitado con los terroristas que no se reinserten, pidan expresamente perdón a las víctimas, renieguen de ETA y acepten pagar las indemnizaciones de sus atentados. Las reformas para el «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas» prohibe expresamente que puedan gozar de beneficio penitenciario alguno. Tiene que mediar una compleja y polémica ‘contrarreforma’ del Código Penal.

El acceso a este beneficio es una exigencia del colectivo de presos, sin embargo el Gobierno no podrá hacer nada sin reformar el Código Penal. La ley desde hace ocho años impide que puedan llegar a esta situación los etarras que no hayan pasado entre rejas siete octavas partes de su condena. O lo que es lo mismo, los terroristas con delitos de sangre no podrán obtener la libertad, aunque rompan con la banda, antes de 26 o 35 años de prisión efectiva.

ETA quiere hablar con el Gobierno de lo que denomina ‘exiliados’. Son los etarras huidos desde hace años. Según las fuerzas de seguridad, son un centenar de activistas, unos cuarenta en Venezuela y el resto repartidos por Cuba, México y otros países. La ley no contempla ningún tipo de posibilidad de amnistía. El Gobierno, como ya hizo el Ejecutivo de Aznar en la tregua de 1999, podría ofrecer a estos etarras información del estado de sus causas a través de las embajadas para que pudieran regresar aquellos cuyos delitos hubieran prescrito.

Será sin duda la prioridad del Gobierno que salga del 20-N, aunque no desde luego para la banda, que ni siquiera mencionó un posible desarme en su declaración de cese definitivo. Todos los expertos coinciden en que será una cuestión muy difícil de conseguir. De hecho, en el caso del IRA la entrega de las armas se demoró más de seis años. Según los servicios de información, el grueso del arsenal de ETA está formado por el denominado botín Vauvert, los 300 revólveres y 50 pistolas que los terroristas robaron en un almacén de esa localidad gala en 2006. Tras la desarticulación de la base de Portugal con sus 1.500 kilos de material para fabricar bombas en febrero del 2007, y el hallazgo de los grandes zulos en la localidad guipuzcoana de Legorreta el pasado abril con 850 kilos de explosivos, Policía y Guardia Civil creen que ETA apenas tiene arsenal para confeccionar artefactos, aunque advierten que la banda aún no ha gastado las cuatro toneladas de nitrato que sustrajo en 2005 para fabricar amonal.

Esta es casi la única cuestión en la que no caben dudas. Ni un gobierno del PP ni uno de los socialistas están dispuestos siquiera a escuchar las dos demandas históricas de ETA, esto es ejercicio del derecho de autodeterminación para votar la independencia del País Vasco, así como la anexión de Navarra y de las tres provincias vasco francesas para formar el ente de Euskal Herria. Esta petición es directamente inconstitucional y parece imposible que el Parlamento siquiera las considere y mucho menos que se embarque en una reforma de la carta magna.

La cara más conocida del independentismo radical, Arnaldo Otegi, acaba de ser condenado a diez años de cárcel por ser «dirigente» de ETA. La izquierda abertzale, desde varias plataformas, ha planteado con insistencia su liberación, que ahora está en manos del Tribunal Supremo y que debe decidir si confirma la sentencia de la Audiencia Nacional. La Fiscalía va a seguir acusando en este proceso, según fuentes de ese departamento.

ETA echa la persiana con 121 presos aún pendientes de juicio y cuando todavía en la Audiencia Nacional se acumulan, en diferente fase de instrucción, cerca de 150 sumarios. El Gobierno en este asunto nada podría hacer aunque quisiera. Los jueces de la Audiencia ya han dicho que no van a cambiar un milímetro. La Fiscalía, por boca de Javier Zaragoza, ha anunciado que seguirá trabajando como siempre. Esto es, acusando. Aunque el Ministerio Público no acusara, en los juicios de miembros de ETA siempre hay personadas víctimas, por lo que tampoco parece fácil la vía del acuerdo entre la Fiscalía y los acusados para rebajar las penas. Aunque el Ejecutivo quisiera hacer algo, está atado de manos, pues son los jueces los que deciden.