El Gobierno pondrá límite a los pagos en efectivo para combatir el fraude fiscal

Los pagos sin control de grandes cantidades de dinero en efectivo son el nuevo foco de atención de Hacienda, que ve en esas operaciones una vía para evadir el pago de impuestos como el IVA y para encubrir el uso de dinero negro, sobre todo de billetes de alta denominación. De ahí que el Gobierno estudia ahora limitar este tipo de transacciones, a imitación de lo que ya han hecho otros países europeos castigados por la crisis como Francia e Italia, que han fijado umbrales máximos de 3.000 y 1.000 euros, respectivamente, para las cantidades a pagar en metálico.

Soraya Sáenz de Santamaría, anunció esta medida, que enmarcó dentro del Plan General de Control Tributario con que el Gobierno quiere intensificar la lucha contra la evasión de impuestos. Pese a que la vicepresidenta del Gobierno señaló que su meta es «elevar» la recaudación por esa vía a 8.171 millones en el 2012, el balance del Plan de Prevención del Fraude Fiscal publicado por la Agencia Tributaria en diciembre constata que limitarse a ese objetivo supondriá, en realidad, un grave retroceso. En 2011 los ingresos por estas actuaciones reportaron al Estado 10.400 millones de euros (un 3,6% más interanual) y en 2010 fueron 10.043 millones (con un incremento del 23,7%). Recaudar ahora 8.171 millones equivaldría a retrotraerse a niveles de 2009, cuando se obtuvieron 8.119 millones.

El Consejo de Ministros de ayer examinó un informe del responsable de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que incluye las directrices que inspirarán este año la lucha contra el fraude. El plan de Montoro supone en general profundizar en el modelo diseñado por los equipos de sus antecesores, Elena Salgado y Pedro Solbes. No obstante, hay novedades entre las que destaca la iniciativa de «establecer algún tipo de limitación del uso de efectivo en determinadas transacciones económicas».

Sáenz de Santamaría no desveló cuál será el techo para los pagos con dinero contante y sonante, pero dio pistas al señalar como ejemplos las normas vigentes en Francia e Italia. La normativa del país vecino establece en 3.000 euros el límite para pagos en efectivo entre profesionales y de 1.500 euros para el abono de salarios. En Italia, el Gobierno de Mario Monti, dentro de su duro paquete de ajustes, restringió a 1.000 euros las entregas en billetes y monedas. En su último mandato, el PSOE estableció la obligación de que las entidades financieras comuniquen a la Agencia Tributaria todo ingreso o retirada de efectivo superior a 3.000 euros. Limitar a esa cantidad el pago máximo de facturas en efectivo era una de las propuestas electorales del derrotado candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifra en 1.000 euros el importe óptimo para España.

En Hacienda consideran ya a la lucha contra el fraude el cuarto impuesto, por detrás de IRPF, Sociedades e IVA debido a su volumen de recaudación (equivalente al 1% del PIB en 2010 y 2011). De ahí que el nuevo Gobierno también haya dado prioridad a esta vía para lograr ingresos adicionales con que recortar el déficit público, que según sus cálculos en 2011 se disparó al 8% del PIB, frente al objetivo del 6%. El discurso de la vicepresidenta sugiere que Hacienda también estrechará el cerco sobre los sectores tradicionalmente más propensos al fraude, como los profesionales y autónomos. Las actuaciones se centrarán en la obtención de pruebas de actividad oculta.

Se intensificarán las inspecciones y se analizarán los datos de consumo de energía eléctrica y terminales de pago con tarjetas