La policía asegura que Garzón no ordenó las escuchas

Los policías que ayer declararon como testigos en el juicio contra Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel avalaron la declaración que hizo el acusado. Los funcionarios de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), que se encargaron de interceptar las comunicaciones en prisión, admitieron que el juez les ordenó preservar el derecho de defensa de los letrados «sobre cualquier otra cosa».

Los policías recordaron que Garzón incluyó una cláusula en su auto de 19 de febrero del 2009, el que autorizó las escuchas en prisión ante los indicios de que los imputados podían seguir «blanqueando», que hacía referencia al derecho de defensa. Una pretensión, dijo el comisario principal de la Udef, José Luís Oliveras, que no entendieron muy bien y que Garzón les aclaró que «él decidía que era el derecho a la defensa y que no».

El jefe policial concretó que fueron ellos quienes trasladaron a Garzón los indicios de que los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con la ayuda de sus primeros abogados imputados, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, tenían intención de mover su dinero a paraísos fiscales —unos 20 millones de euros— y que el despacho del primero «estaba haciendo gestiones para darle a Correa la nacionalidad argentina o panameña». Esta información se la trasladaron al juez y, con la connivencia de las fiscales del caso, Miriam Segura y Concepción Sabadell, ordenó intervenir las comunicaciones en la prisión de Soto del Real, lo que incluía a los abogados de los cabecillas por ser «parte nuclear» de la trama.

1397124194 «La fiscal expurgó». La escuchas ordenadas por Garzón se extendieron desde febrero a marzo de 2009 y después fueron avaladas y prorrogadas por el juez Antonio Pedreira, instructor del sumario en el Tribunal Superior de Madrid, hasta mayo. Fue a finales de marzo cuando se produjo el expurgo de las conversaciones en las que aparecían los abogados que ahora acusan al juez.

Ese día había cierto «nerviosismo» en su despacho de la Audiencia Nacional, según relató el funcionario Vicente Maroto, que declaró en el juicio como testigo a petición de la defensa. Maroto señaló que la fiscal Miriam Segura, que estaba en el juzgado, le dijo al juez: «Baltasar hay que hacer algo con las visitas a la cárcel», en referencia a las comunicaciones con los abogados. Entonces, Garzón le dijo a su funcionario que la fiscal se encargaría de expurgar esas conversaciones y que él sólo tenía que acatar lo que dijera.

Esta revelación, en apariencia casual, compromete sin embargo la estrategia de Garzón, ya que este aseguró en su declaración que fue él quien eliminó las conversaciones que pudieran vulnerar el derecho a la defensa.