DECISIÓN DE UN JUZGADO DE SEVILLA
Imputada otra persona por introducir 'falsedades e insultos' en la biografía de Javier Arenas en Wikipedia
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha imputado a una persona por introducir alteraciones y modificaciones en la biografía del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, en Wikipedia, según han informado fuentes del caso. Esta imputación se produce dentro de la investigación judicial iniciada tras la denuncia elevada por el PP andaluz, quien acudió a los tribunales tras 'conocer' además que desde un ordenador de la Junta de Andalucía se estaban realizando modificaciones y se estaban incluyendo 'falsedades e insultos' en la biografía de Arenas, así como contra sus familiares más directos.
Asimismo, las fuentes consultadas han señalado que el juez instructor está investigando la presunta participación en estos hechos de varias personas residentes en la región andaluza. Además, han recordado que el juez instructor ya imputó, igualmente, a otras dos personas residentes fuera de la región andaluza. En este sentido, dos altos cargos de la Junta de Andalucía declararon en 2010 ante el juez que tenían identificado el ordenador desde donde se realizaron esas modificaciones, aunque no a la persona o personas que las hicieron.
De esta manera se expresaron entonces Alberto Díaz López, en calidad de director general de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (SAU), y María Pilar Rodríguez López, en calidad de secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Ambos señalaron que las modificaciones de la biografía de Javier Arenas en la Wikipedia se llevaron a cabo desde un ordenador ubicado en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, lo que motivó, según las fuentes consultadas, que el PP andaluz solicitara al juez instructor que se identificara a la persona o personas que hubieran utilizado el día en cuestión el referido ordenador. Tras ello, el Juzgado dictó una orden judicial para que se proceda a identificar a esta persona o personas que habrían utilizado el ordenador de la Delegación Provincial de Cultura, trámite en el que se encuentra actualmente el procedimiento.