Garzón defenderá que la justicia amparó la causa del franquismo
Garzón, durante el juicio contra él por las presuntas escuchas ilegales.
Cinco días después de defender su inocencia en el juicio por las escuchas a los abogados del caso Gürtel, el juez Baltasar Garzón volverá mañana martes al Tribunal Supremo para sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. Será con el trámite de las cuestiones previas (peticiones de anulación por vulneración de derechos fundamentales o propuestas de nuevas pruebas) y la vista oral se reanudará el 31 de enero con la declaración del imputado.
El segundo peldaño de su particular vía crucis judicial llega por haberse declarado competente para investigar las desapariciones durante el franquismo. Una polémica causa que abrió en su juzgado de la Audiencia Nacional en octubre del 2008 y que se sitúa en el origen de su posterior calvario procesal, que está a punto de finiquitar su carrera como magistrao
Al igual que en el juicio por las escuchas del caso Gürtel, Garzón se enfrenta a la acusación de haber prevaricado durante la instrucción de los crímenes de la dictadura, es decir, dictar resoluciones injustas a sabiendas, la peor de las imputaciones que le puede atribuir a un togado.
Razones. Tanto para el magistrado del Supremo que instruyó la causa contra el juez, Luciano Varela, como para la acusación popular que se querelló contra él, el pseudosindicato Manos Limpias, no hay duda de que Garzón «era consciente de que carecía de competencia» para abrir este proceso y de que «no existían hechos con relevancia penal» que justificaran esta investigación. Dicho de otra manera, sabía que los principales responsables de los hechos habían fallecido (el juez llegó a pedir el certificado de defunción de Franco) y que de haber alguien vivo la Ley de Amnistía de 1977 le amparaba. Para Manos Limpias, todas las resoluciones dictadas por Garzón en el mes y medio que duró la investigación vulneraron la ley de forma conscinte. Por ello reclaman 20 años de inhabilitación, el máximo posible para la prevaricación, y una multa de 21.600 euros.
El juez alegará que abrió la causa para dar respuesta judicial a las denuncias presentadas por 22 particulares el 16 de octubre del 2008, día en el que su juzgado se encontraba de guardia. Defendió que se podría tratar de crímenes de lesa humanidad, amparados por tratados universales firmados por España, por lo que la Ley de Amnistía de 1977 quedaba suspendida.