El CES califica como vitales la autovía a Valladolid y el AVE a León y a Asturias

Un informe sobre Población y Poblamiento de Castilla y León, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), reitera su petición a la Administración de que concluya «los grandes ejes viarios ya iniciados» para evitar la continua pérdida de habitantes, como la autovía A-60, que enlazará León con Valladolid y, en concreto, el tramo Santas Martas-Villanubla. También califica como «vital para el desarrollo económico» que se lleven a cabo distintas conexiones ferroviarias en la Comunidad, entre las que destaca la extensión del AVE hasta León y la línea León-Asturias por Pajares.

Además, sugiere que —para mejorar el aprovechamiento de los cuatro aeropuertos— cada uno de ellos se oriente hacia una «especialización», como los aerotaxis o la formación de pilotos. Un apunte que «evitaría que estas infraestructuras compitiesen entre sí».

Una autonomía con problemas. El extenso informe, de casi cien folios, no deja muy bien parada a Castilla y León, a la que dibuja como una Autonomía de gran dimensión, baja densidad de población, escaso dinamismo demográfico, fuerte envejecimiento, notables desequilibrios territoriales y enormes contrastes entre el medio rural y urbano.

El diagnóstico también incluye una serie de recetas para paliar estos males. Y reestructurar «la obsoleta» organización territorial parece el único fármaco capaz de terminar con el mal de la despoblación. El reto: modificar su tendencia demográfica y lograr aumentar la población, «en especial la de los jóvenes».

Así, según el CES, la ordenación del territorio debe confluir «de manera ineludible» con la universalización de los servicios públicos, «principalmente los sociales y sanitarios». En este sentido, el informe muestra una «especial» preocupación por la Sanidad, donde debería plantearse una descentralización de «ciertos servicios y estructuras». Asimismo, pide aumentar el número de plazas para niños de cero a tres años y potenciar la atención a los mayores y dependientes.

La falta de impulso económico es otro talón de Aquiles en la Comunidad, que se acrecienta en el caso del medio rural. El informe incide en que el mercado laboral debe erigirse como un ámbito fundamental para favorecer la fijación de población. Lo primordial, ofrecer un mercado estable para retener a los jóvenes y evitar que emigren a otras comunidades, así como asegurar la inserción de los trabajadores menos cualificados.

También apuesta por la diversificación económica en el medio rural, «aprovechando al máximo» las oportunidades de cada zona.

La dotación de suelo industrial aparece como uno de los objetivos prioritarios, y debe ser «coordinada y coherente con las políticas territoriales». También califica de prioritarias las políticas de investigación y desarrollo tecnológico y el apoyo a los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario

Otra de las recomendaciones que lanza a la Administración es la de potenciar las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, porque «sin el adecuado mantenimiento del sector primario, el mundo rural no tendría futuro».

Y es que el informe atestigua que el actual modelo de poblamiento de la Comunidad es el fruto de un crecimiento «polarizado», con fuertes contrastes entre el medio rural y urbano. Además, la pirámide de población de Castilla y León lleva impresa el sello del envejecimiento. «Tanto en la cúspide, por la mayor esperanza de vida, como en la base, por la caída de la natalidad», puntualiza el CES en sus conclusiones.

Una vez analizada la evolución demográfica desde el siglo XX, el informe resuelve que el comportamiento de las capitales de provincia es similar al de las zonas costeras; territorios captadores que atraen población joven y con mayor capacidad reproductiva. Mientras, en las regiones de la periferia, o en los núcleos rurales, que operan de igual manera, la densidad de población desciende, la edad media aumenta y el crecimiento vegetativo se convierte en negativo.

En los años setenta, el aumento de inmigrantes extranjeros tuvo su influencia positiva, que se ha visto frustrada con la crisis económica que comenzó en 2007.

Ante este análisis, el Consejo Económico y Social recomienda a «todas» las administraciones públicas que se fijen como «objetivo prioritario» de sus actuaciones «la lucha contra la despoblación». Es más, recuerda a la Junta «las inconfundibles señales» que emite el Estatuto de Autonomía. Así hace referencia al artículo 9, donde señala que «se deben articular las medidas institucionales, económicas, industriales y sociales que sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y atraer población».

El Consejo considera que atribuir la «histórica» despoblación a «las debilidades» de la estructura económica de Castilla y León, constituye el punto de partida para «mejorar el patrón de crecimiento».