Más control interno contra corruptos

Los militantes del PP suavizaron al final su postura con los militantes imputados en algún delito. Según el texto final de la ponencia de estatutos aprobada ayer por el XVII Congreso del partido, se abrirá un expediente informativo cuando se conozca la imputación de algún afiliado, «que se transformará en disciplinario cuando se señale el juicio oral». No obstante, se aplaza cualquier decisión al momento en que se produzca la sentencia o el sobreseimiento.

Las enmiendas sobre la situación con los afiliados imputados estaba en el centro de los debates desde el momento en que se supo que precisamente uno de los ponentes del texto original era Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, la comunidad donde se concentran más procesos judiciales contra dirigentes del PP. El texto solventó las enmiendas con un texto transaccional que demuestra el interés de la formación por «mantenerse próximo al pálpito de la calle», muy desencantada en los últimos tiempos con la política por los numerosos casos de corrupción.

El código. En este sentido, la ponencia de estatutos incorporó de nuevo el Código de Buenas Prácticas que será de obligado cumplimiento para todos los cargos públicos y orgánicos, y que recoge como premisas la ejemplaridad y la obligación de abstenerse de cualquier conducta que, aunque legal, pueda dañar la honorabilidad de partido, así como de cualquier actividad que pueda suponer un conflicto de intereses.

En la ponencia social, que fue defendida ante el plenario por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el PP defendió la creación de un gran pacto político para defender los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, en un momento en que la administración central tiene menos recursos que nunca.

El texto reconoce además el derecho a recibir «de manera equilibrada» la enseñanza en español y en el resto de lenguas cooficiales.

Asimismo, el PP mantendrá su definición como organización de corte «humanista cristiano» tras ser rechazada la enmienda que pedía la supresión del término confesional.