Los ayuntamientos deben presentar las facturas pendientes en dos semanas
El Gobierno aprobó ayer un real decreto ley que sienta las bases del nuevo mecanismo de financiación que diseñará en las próximas semanas para que las administraciones locales puedan afrontar la gigantesca deuda comercial que acumulan. Los ayuntamientos tendrán que presentar una lista en todas las facturas antes del 15 de marzo.
La medida financiera otorgará prioridad a los proveedores de obras, servicios y suministros que ofrezcan aplicar una quita al dinero que reclaman, según especifica el Gobierno, que pretende afrontar el problema de la morosidad de los ayuntamientos, que amenaza la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas en las que están en juego cientos de miles de empleos. De ahí que la reforma contemple facilidades para que las que están en peor situación cobren antes.
Uno de los criterios que dará derecho a preferencia en el cobro será «el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago», detalla la referencia del Consejo de Ministros. El otro será «la antigüedad de la factura»; es decir, que el mecanismo de financiación también prevé pagar primero las que llevan más tiempo en el cajón.
Un portavoz del Ministerio de Hacienda aseguró que la posibilidad de aplicar una quita en las facturas para cobrar antes va dirigida sobre todo «a grandes empresas». Hacienda entiende que estas compañías, al reclamar importes muy elevados, podrían preferir cobrar -por ejemplo- el 90% de la suma con tal de recibirla lo antes posible. Pero en la práctica es probable que sean las pequeñas y medianas empresas las que se lancen de cabeza a esta competencia a la baja debido a la falta de liquidez y la sequía crediticia que asfixia a la mayoría.
Antes de activar este nuevo mecanismo el Gobierno quiere saber a cuánto asciende la deuda total de los ayuntamientos con sus proveedores. Las estimaciones publicadas por asociaciones de pequeñas empresas y de autónomos la sitúan entre 30.000 y 50.000 millones de euros, pero Hacienda quiere obtener los datos de primera mano. Sospecha que en esas cantidades está incluida también parte de la deuda de las comunidades autónomas.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó ayer que la deuda autonómica queda excluida. Para las autonomías habrá una línea del ICO cuyos detalles se discutirán en marzo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.