Diario de León

Anticorrupción cree que la infanta pudo beneficiarse, pero no la imputa

«No hay indicios que vinculen a Cristina con la actividad de Urdangarin y Torres».

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melchor sáiz-pardo | madrid
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Anticorrupción cree que no hay indicios de que Cristina de Borbón cometiera delito alguno porque no sabía de los negocios «presuntamente ilícitos» de su marido. No obstante, el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, deja abierta la posibilidad de que la infanta sí que pudiera haberse beneficiado de las presuntas «irregularidades administrativas» que cometió Iñaki Urdangarin al cargar a las cuentas de la empresa de la que son propietarios ambos, Aizoon, «gastos personales de los cónyuges».

Una falta frente a Hacienda, que hace semanas abrió una exhaustiva inspección tributaria al duque de Palma, que, según admite Anticorrupción, nunca sería un «ilícito penal» en el caso de la hija del rey.

El pasado martes, apenas día y medio después de que Urdangarin concluyera su maratoniano interrogatorio de 22 horas ante el juez José Castro, Horach se apresuró a presentar un escrito al instructor en el que pidió que se desestime la petición del seudosindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, de que la infanta sea citada a declarar en condición de imputada. Sostiene en su reclamación que la duquesa de Palma debe ser acusada de «encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria» en las actividades de su marido ya que fue «beneficiaria directa» del incremento patrimonial y de los ingresos obtenidos de forma supuestamente fraudulenta por su marido. La semana próxima está previsto que Castro decida si imputa a la infanta tras oír a las diferentes partes. Ayer mismo la Abogacía del Gobierno balear, acusación particular, también rechazó la citación.

Respuestas. Horach ante todo aclara que Cristina de Borbón no puede responder penalmente de los supuestos delitos de su esposo porque la responsabilidad penal es personal y porque en España ya ha pasado el tiempo en que se respondía por los actos del cónyuge. Luego aborda en su informe exculpatorio la doble condición de la infanta en este caso, es copropietaria al 50% de la inmobiliaria que supuestamente se usó para desviar al bolsillo de Urdangarin centenares de miles de euros de dinero público que llegaban al Instituto Nóos, y fue además vocal entre septiembre del 2003 y marzo del 2006 de esa entidad.

Sobre Aizoon, concluye la Fiscalía, la infanta «no ostenta ningún cargo ejecutivo por lo que su vinculación es únicamente a nivel societario». El Ministerio Público dice que la «gestión y administración» de esta sociedad está exclusivamente «en manos de su cónyuge».

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