IU denuncia redadas a inmigrantes por motivos raciales y promueve una condena del Congreso

Izquierda Unida quiere que el Congreso de los Diputados condene los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que, según varias asociaciones y el propio Sindicato Unificado de Policía (SUP), vienen produciéndose en barrios con alta concentración de población inmigrante.

Con este objetivo, IU ha registrado una proposición no de ley, recogida por Europa Press, en la que denuncia que, además de suponer una "flagrante vulneración de los Derechos Humanos", este tipo de redadas provocan "la discriminación y criminalización de personas por sus rasgos físicos".

Los firmantes de la iniciativa subrayan que, aunque desde el Gobierno siempre se ha negado la existencia de este controles de identidad por este motivo, la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido a las autoridades españolas la "erradicación" de estas actuaciones

Según recuerdan, también la Comisión Europea, en su informe sobre Racismo y la Intolerancia de 2010, reclamó a España que asegure "una prohibición efectiva de todas las prácticas en materia de perfiles étnicos por parte de las fuerzas policiales en todo el país".

SIGUEN CON EL GOBIERNO DEL PP

Izquierda Unida denuncia que, lejos de cesar con el cambio de Gobierno, en las últimas semanas organizaciones sociales han denunciado que estas redadas se están llevando a cabo en las proximidades de comedores populares, albergues y lugares donde tienen su actividad asociaciones de inmigrantes, como el barrio de Lavapies en Madrid.

"Esta política de acoso que provoca la criminalización de personas por sus rasgos físicos es absolutamente injustificable, de carácter ilegal, que vulnera derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución", recalcan en su proposición no de ley.

Además, aporta los datos del SUP que calcula que en un año y sólo en el territorio de la Comunidad de Madrid se han practicado 445.000 "detenciones preventivas", que son "absolutamente ilegales" puesto que "los agentes carecen de habilitación para privar de libertad a una persona que, en todo caso, habría cometido una infracción administrativa para la que está prevista una multa económica, de conformidad a lo establecido en la legislación de extranjería".