La ley de transparencia prohíbe los regalos caros a los altos cargos
El Consejo de Ministros impondrá las sanciones a los miembros del Gobierno que infrinjan la citada norma.
El Gobierno cumplió su compromiso y colgó ayer en la Red su anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que aprobó en el último Consejo de Ministros. La idea del Ejecutivo es que el texto esté abierto durante 15 días a todos los ciudadanos para que hagan sus aportaciones, que después estudiará si las incorpora al proyecto definitivo que remitirá al Congreso antes del verano.
El anteproyecto, de 28 artículos y nueve disposiciones adicionales y finales, prevé que los altos cargos de la administración, esto es presidente, vicepresidente, ministros, secretarios de Estado y asimilados, no podrán aceptar «regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones».
Una prevención que de haber estado vigente antes hubiera impedido, por ejemplo, que los altos cargos del Gobierno de la Generalitat valenciana aceptaran los regalos de trajes y otras prendas de vestir de la trama Gürtel.
El anteproyecto también establece que los altos cargos desempeñarán sus funciones con dedicación plena «y se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público».
La norma considera asimismo infracciones «muy graves» la malversación de los fondos públicos, su administración irregular, los compromisos de gasto sin crédito suficiente, la ausencia de justificación en la inversión de fondos, y la no formulación de un plan financiero que acompañe a las iniciativas económicas.
También tiene el tratamiento de muy grave en el terreno disciplinario cualquier actuación que suponga «discriminación» racial, étnica, religiosa, o por discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión o cualquier otra circunstancia personal. Prevalerse de la condición de alto cargo para «obtener un beneficio indebido para sí o para otro» también es considerada una infracción muy grave.
El apartado de sanciones es de lo más variado, y abarca desde «la destitución» de los cargos públicos, la no percepción de la pensión indemnizatoria por el despido hasta la inhabilitación para ocupar cargos en la administración entre cinco y diez años. Las sanciones por las infracciones graves o muy graves en el caso de los altos cargos serán impuestas por el Consejo de Ministros, mientras que si tienen la consideración de leves serán acordadas por el Ministerio de Economía.