Los empresarios cifran en 23 millones el coste de paralizar León por la huelga

«Es absolutamente falso que exista un conflicto laboral. Ésta es una huelga política. Los sindicatos toman una actitud contra el Gobierno y las perjudicadas van a ser las empresas». El presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Javier Cepedano, ofreció ayer una rueda de prensa para cifrar en 23 millones el coste que para la economía leonesa tendrá la huelga del 29 de marzo si recibe un respaldo del 100% de los trabajadores. Un paro que detraerá de las nómimas una media de 96 euros lo que supondrá una pérdida de 15,5 millones de euros en salarios, «es dinero que no se gasta, no se consume y es perjuicio para las empresas y los trabajadores».

Los empresarios no han hecho, sin embargo, un cálculo de la media de reducción de los salarios en León para «garantizar la viabilidad» de las empresas y consideran «etéreo» hacer una aproximación del descenso del consumo provincial como consecuencia de la reducción salarial.

El empresariado leonés mostró su sorpresa por el «sorprendente rechazo sindical» a una reforma que «busca mecanismos de flexibilidad interna que evite destruir empleos». «Nunca utilizaremos esta reforma», aseguró Cepedano, «para destruir empleo».

El asesor jurídico de la Fele, Enrique Suárez, aseguró que las empresas optarán por medidas «de tal calado» como «tocar los salarios» para «garantizar la viabilidad de la empresa en el mercado y evitar despidos». Dijo no tener constancia de que estén aumentando los expedientes de extinción de empleo, como denuncian los sindicatos, «porque las empresas están recurriendo a los expedientes de regulación y de reducción de jornada, precisamente para evitar la destrucción de empleo. El 98% finaliza con acuerdos con los trabajadores».

Cepedano pide a las empresas «que no adopten una actitud pasiva» el día de la huelga general «porque podría alertar a otras movilizaciones que podría generar un clima de tensión» y que denuncien las coacciones de los piquetes informativos

Denuncia sindical

La rueda de prensa en la Federación de Empresarios casi coincidió en el tiempo con la organizada en la sede de UGT. El secretario regional de servicios públicos del sindicato, Faustino Temprano, alertó que desde que entró en vigor la reforma laboral en el mes de marzo se han incrementado en un 25% los expedientes de regulación de empleo y que los empresarios denuncian convenios colectivos para cambiar las condiciones laborales y económicas, «en las empresas de menos de 30 trabajadores el salario está a la baja». También alertó que ya se han producido casos de despidos objetivos por absentismo laboral por enfermedad común.

Temprano despejó las dudas de los empresarios: «La campaña de prostesta no acabará el 29 de marzo. La reforma laboral ya ha tenido respuesta en Andalucía y Asturias. Vamos a seguir con movilizaciones para que se recupere el diálogo social que unilateralmente ha roto el Gobierno».

La Junta no negocia

El sindicalista denuncia que la Junta de Castilla y León es la única administración que «no ha querido negociar» los servicios mínimos y ha hecho una «imposición» que conlleva que durante esa jornada haya «más empleados que en un día festivo». En Sanidad se «obliga» a que los médicos interinos residentes (MIR) «hagan servicios mínimos» a pesar de contar con «contratos de formación», mientras que se ha instado a los empleados públicos a que «abran las oficinas», a pesar de que es una tarea de los servicios de seguridad privada.

Denuncia la coacción de las organizaciones empresariales «que están mandando circulares a las empresas para que graben a los piquetes. Hay que recordar que el derecho a la huelga prevalece sobre el derecho al trabajo. Hay empresas que amenazan a los trabajadores con represalias».

Los secretario de acción sindical, Juan Antonio Bilbao, cree que «hay tiempo de reformar una ley impuesta que suprime las relaciones entre sindicatos, empresas y administración».