El Gobierno prepara para el 2013 la reforma contra el vandalismo callejero
El PSOE, a favor del endurecimiento, pero no quiere comparaciones con la ‘kale borroka’.
Un operario repara un escaparate tras los incidentes del pasado 29-M en Barcelona.
Los graves episodios de vandalismo urbano durante la huelga general de la pasada semana, en particular en Barcelona, han hecho que los ministerios del Interior y Justicia aceleren los trabajos para sacar adelante la reforma del Código Penal que endurecerá los castigos para los militantes antisistema violentos que actúen de forma organizada para atacar bienes públicos y privados.
El titular de Interior Jorge Fernández anunció ayer el Gobierno de Mariano Rajoy quiere llevar a Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal antes de que acabe el actual periodo de sesiones, probablemente en junio, con el fin de que sea debatido en Parlamento durante otoño y aprobado por las Cortes Generales antes de que acabe el 2012.
Según explicaron fuentes del Ejecutivo, este proyecto ya lleva en estudio por parte de los departamentos de Fernández y Ruiz-Gallardón desde hace un mes y básicamente consiste en equipar penalmente los actos de vandalismo generalizados con los sabotajes de la ‘kale borroka’ de apoyo a ETA.
El cambio
Las modificaciones afectarían esencialmente a la tipificación del artículo 263 del código penal que ahora solo castiga con pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a las personas que protagonicen actos vandálicos ‘leves’; esto es que destruyan propiedades pero sin causar daños personales, grandes incendios o estragos.
Actualmente, el texto obliga a imponer la mitad superior a los miembros de la ‘kale borroka’, con lo que, al poder ser condenados a más de dos años de cárcel, los jueces tienen mucha más facilidad para decretar la prisión preventiva, con el consiguiente efecto disuasorio.
Los técnicos de Justicia e Interior quieren que en el caso de destrozos provocados por grupos organizados antisistema la pena mínima también sea de dos años, por lo que los fiscales podrá reclamar casi de forma automática el ingreso en prisión preventiva. Jorge Fernández justificó ayer las reformas legislativas porque los invidentes de la huelga general y «en ocasiones anteriores en Barcelona de una manera muy especial» han puesto de manifiesto que hay «radicales antisistema y violentos que utilizan ese tipo de concentraciones y eventos para actuar como auténticas guerrillas urbanas». Insistió en que las modificaciones en las que están trabajando «conjuntamente» Interior y Justicia servirán para dar una respuesta desde el Código Penal «más eficaz» y más «adecuada a la altura de la agresión que se está formulando a la sociedad».