Rajoy coloca también en el punto de mira la actual administración territorial del país

Con la lupa crítica e implacable de los mercados sobre España, el Gobierno de Mariano Rajoy explora todas las vías que puedan conducir a una rápida reducción del abultado déficit; incluso las más polémicas. El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja contrarreloj para incluir en el programa de estabilidad presupuestaria, que se enviará a Bruselas a finales de mes, un plan de reordenación de la estructura administrativa que, entre otras cosas, promoverá el asociacionismo municipal para la prestación de servicios, potenciará el papel de comarcas y diputaciones provinciales e incluso impulsará, con carácter voluntario, la siempre controvertida fusión de ayuntamientos.

La decisión de una Grecia desesperada, y al borde de la intervención, de acabar de una sola tacada con todos los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para ahorrar, según sus previsiones, 1.185 millones de euros abrió hace ya dos años el debate sobre la adecuada dimensión del mapa municipal español. En agosto del 2011, Silvio Berlusconi, agobiado por la escalada incesante de la prima de riesgo, anunciaba la supresión de 36 provincias, 1.500 ayuntamientos y 50.000 cargos públicos italianos a fin de reducir en unos 9.500 millones de euros el gasto público. Pero lo que en otros países se abordó sin miramientos en España parece una misión imposible.

«El papel lo aguanta todo —apunta el ex secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías— pero aquí tenemos mucha cultura municipal y mucho arraigo en los pueblos; nada de esto se puede hacer por la vía de la imposición». A pesar de que en el PSOE son muchos los que creen que es poco racional tener 8.117 ayuntamientos, de los cuales el 84% no supera los 5.000 habitantes, los socialistas son cautos a la hora de hablar de fusiones; como lo es el propio Gobierno.

El primero en atreverse

Alberto Núñez Feijóo sabe por qué. El presidente de la Xunta de Galicia, el primero en atreverse a dar un paso en esa dirección, con el impulso a la integración de los ayuntamientos coruñeses de Cesuras y Oza dos Ríos, ha visto cómo, en cuestión de días, un grupo de 25 regidores del PP en municipios de menos de 5.000 habitantes se ponían a afilar los cuchillos para intentar frenar lo que, temen, sea una ola que amenace su identidad. Antes que el barón popular, también el ex secretario general de Convergència, Miquel Roca, el exconsejero valenciano de Seguridad Ciudadana, Rafael Blasco, e incluso el exministro de Fomento, José Blanco, vieron cómo se armaba la marimorena al apostar por suprimir ayuntamientos pequeños.

Eficacia incierta

El Gobierno cree que es conveniente alentar las fusiones, pero fuentes del ministerio de Administraciones Públicas subrayan que su plan no se circunscribirá sólo a una medida que, por otro lado, es de eficacia económica incierta, al menos, en el corto plazo.

UPyD —apoyada en un estudio que sus propios autores catalogaron como puramente «preliminar» y tachado de poco científico por PP y PSOE— sostiene que el ahorro potencial alcanzaría los 16.142 millones de euros. Sin embargo, en un prolijo informe publicado recientemente bajo el título Gobierno local en tiempos críticos , el Consejo de Europa subraya que, «a pesar de que la unión permita a las autoridades locales proveer a sus ciudadanos de un mayor abanico o una mejor calidad de los servicios, no existe ninguna evidencia de que permita reducir costes».

Tras citar algunos ejemplos, el organismo extracomunitario de cooperación regional, añade que la «asociación» es una fórmula «más rápida y con menor coste político» si lo que se busca es economizar. Y ese es, precisamente, el objetivo de España, desesperada por lanzar al mundo el mensaje de que está dispuesta a apretarse el cinturón.

El PSOE defiende que una importante vía de ahorro (que cifra en 1.000 millones de euros) pasa por el adelgazamiento de las diputaciones provinciales, un nivel intermedio que pese a realizar sólo el 8% del gasto local, en 2010 gastó 21.000 millones de euros. La fórmula, en todo caso, exigiría al mismo tiempo incentivar la mancomunidad de servicios para no dejar desamparados a quienes tienen menos recursos.

En España hay ya 1.024 asociaciones de este tipo pero, de nuevo, dos tercios de ellas tienen menos de 5.000 habitantes; es decir, siguen siendo pequeñas para buscar un ahorro basado en economías de escala.

Con el esquema actual, el Gobierno de Mariano Rajoy calcula que más de la mitad de los municipios que hay en España actualmente son financieramente inviables y se muestra partidario de explotar al máximo las ventajas de mancomunar aunque no a costa de las diputaciones que, desde mayo del 2011, están en su mayoría en manos del Partido Popular.

Descentralización

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) advierte de que, más que reducir el gasto municipal, los alcaldes que durante estos años han recurrido al asociacionismo pretendían encontrar un modo de prestar servicios fuera de su alcance.

Con la máxima «una administración, una competencia» por bandera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se dispone, en palabras de Montoro, a «completar esa descentralización hasta que las corporaciones locales jueguen el papel que tienen en los Estados descentralizados».

Eso significa que acotará el gasto impropio —que, según fuentes de la FEMP ronda entre el 20% y el 25% del y, conforme a los presupuestos de los últimos años, se dedica fundamentalmente a servicios sociales y al fomento de la Cultura—; redefinirá el esquema competencial y aumentará la autonomía financiera de los ayuntamientos.

De ese modo, el Gobierno dice que se quiere poner fin a los convenios opacos entre el nivel autonómico, en muchos casos moroso, y el municipal. Pero, en roman paladino, habrá menos prestaciones para los ciudadanos.

«Una reforma constructiva no puede hacerse en términos de oferta infinita de servicios públicos porque así ya vemos a dónde vamos: a más paro, a mayor endeudamiento externo del país y, en definitiva, a convertirnos en un socio europeo extremadamente incómodo», avisó el ministro ante la Comisión de Entidades Locales del Senado hace poco más de un mes.