España en alerta, PP y PSOE se pelean
La salida de la crisis económica aumenta el enfrentamiento entre los dos partidos.
Una ikurriña preside la multidunaria manifestación exigiendo la independencia de Euskadi.
Hace falta más madera para alimentar a unos mercados que amenazan con dejar a España en el dique seco. La situación es, según el análisis del Gobierno de pura emergencia nacional, pero ni siquiera en estas circunstancias parece posible un entendimiento entre los dos grandes partidos. Con la presión de una prima de riesgo insostenible sobre la deuda española, el Ejecutivo de Mariano Rajoy defiende que no hay tiempo que perder y que la prioridad debe ser bajar la fiebre al enfermo. El PSOE insiste en que el cómo se haga también importa.
La última vez que el indicador de riesgo de impago de España estuvo por encima de los 400 puntos básicos, el pasado agosto, José Luis Rodríguez Zapatero suspendió sus vacaciones y acabó ofreciendo el sacrificio de una reforma constitucional exprés, pactada con Mariano Rajoy, para consagrar la estabilidad presupuestaria en la Carta Magna. Una maniobra que gustó poco al entonces candidato socialista a la presidencia del Gobierno y hoy líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Aquel acuerdo —uno de los poquísimos que, junto con la reforma del sistema financiero, han sido capaces de articular los dos partidos mayoritarios durante esta crisis— está ahora a punto de diluirse. El PSOE ya ha dejado claro que votará en contra de la ley de estabilidad presupuestaria, consecuencia inmediata de la reforma, si el Gobierno no se aviene a flexibilizar el objetivo de déficit cero para 2020, en el que ha ido mucho más lejos que la UE (0,5%) y que lo previamente pactado (0,4%).
Sin alternativa
Los socialistas sostienen que aún puede haber entendimiento si el PP lo intenta y se sienta a hablar con ellos. Y el mismo argumento emplea en su oposición a la reforma laboral, contra la que ya ha presentado enmienda a la totalidad, y frente a unos Presupuestos Generales del Estado, los más restrictivos de la democracia, de los que abomina pero a los que aún no ha contrapuesto alternativa alguna.
Los populares, apoyados en su contundente mayoría absoluta, se niegan a echar el freno y alegan —como en su día hizo Zapatero cuando, en un giro copernicano y con un PP airado en contra, congeló las pensiones, recortó el suelo a los funcionarios y abarató el despido— que no hay otro camino y que, si el ritmo de reformas baja, España irá de cabeza a una intervención que la condenaría más de una década de asfixia.
La oposición útil que prometió Rubalcaba no ha redundado pues en una dinámica pactista, en contra de lo que paradójicamente preveían algunos de sus críticos. El secretario general del PSOE siempre dijo que la Sanidad y la Educación serían sus líneas rojas y en menos de cuatro meses ya se ha llegado a ellas. El deterioro de la economía española es mucho más profundo de lo que ninguno de los dos partidos se atrevió a vaticinar en campaña pese a su supuesto realismo.
El anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que la reforma de los servicios públicos, la última ofrenda a los mercados, afectará fundamentalmente a la Sanidad y la Educación tuvo ayer la respuesta inmediata del PSOE, el primer partido de la oposición.
«España —defendió ayer la secretaria de Política Social del partido, Trinidad Jiménez— se puede seguir permitiendo tener unos servicios públicos de calidad».
Los planes
La deuda de la Sanidad española supera de largo los 12.000 millones de euros, aunque todo son cálculos estimados. El Ejecutivo está obsesionado por mandar el mensaje de que será capaz de meter en vereda el gasto autonómico, responsable de la mayor parte de la desviación del objetivo del déficit en el 2011, en gran medida, debido a la fuerte caída de ingresos en el último trimestre del año. Pero la tarea no será fácil.
Entre sus planes estaría acordar con las comunidades una cartera básica de prestaciones de la que quedarían excluidos servicios que hoy se ofrecen en ciertas regiones de manera gratuita pero que el PP no considera fundamentales. Además, se estudian fórmulas para cobrar una parte de los servicios o para que los gobiernos autonómicos puedan aumentar sus ingresos.
En nada de esto, y mucho menos si se da vía libre al copago, parece haber posibilidad de consenso con el PSOE. Ya en su primer y único encuentro en La Moncloa, el pasado 15 de febrero, Rajoy y Rubalcaba dieron prueba de que su sintonía se limitaría a la lucha contra el terrorismo y la política exterior y de Defensa. Y el tiempo no ha cambiado las cosas.