Rajoy encarga a sus barones reordenar sus competencias pero sin devolverlas

Mariano Rajoy ni quiere ni puede caminar solo por la senda de los ajustes para cumplir con el compromiso de reducir el déficit al 5,3% en este 2012. El presidente del Gobierno sabe que la Unión Europea desconfía de la capacidad de ahorro de las comunidades autónomas. Por ello, buscó ayer un golpe de efecto al arrancar a sus barones territoriales dos compromisos claves: un pacto sin fisuras para recortar los números rojos de las administraciones, y lo que considera más importante, acometer la reforma del modelo autonómico. En principio, no se contempla la devolución de competencias, como reclamó con nulo éxito la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El PP, además de hacer oídos sordos a la propuesta de la gobernante madrileña, prefiere «reordenar» estas competencias y «eliminar duplicidades» entre administraciones, según anunció María Dolores de Cospedal al término de este cónclave, el primero de estas características desde que el Gobierno anunció el recorte adicional de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad. Pero no hubo concreciones de la reordenación competencial. Rajoy reclamó a los suyos silencio total sobre los planes del Ejecutivo en este capítulo y también en lo que respecta al nuevo tijeretazo. Cospedal se limitó a asegurar que se persigue «racionalizar» los servicios públicos para «evitar abusos». También insinuó que los ciudadanos deberán renunciar a ciertas prestaciones sociales gratuitas que fueron posibles mientras en España había dinero.

Derechos o beneficios

«Es hora de empezar a diferenciar entre derechos sociales y beneficios en tiempos de bonanza», comentó la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha sin especificar si se refería al copago sanitario o farmacéutico, a la desaparición de algunas prestaciones médicas o a la reducción de profesores en la enseñanza o al incremento de alumnos en las aulas.

La puesta en escena de la reunión de Rajoy con sus barones territoriales fue muy diferente a pasados encuentros similares. El presidente del Gobierno pidió una confrontación de ideas con todos los datos y previsiones sobre la mesa. De hecho, le acompañó su equipo económico, formado por la vicepresidenta, Soraya Sánez de Santamaria; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el de Economía, Luis de Guindos, y el director de la Oficina Económica de la Moncloa, Álvaro Nadal.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, realizó advertencias sobre lo delicado de la situación e hizo una apelación a la «gente para financiar los servicios. Los ciudadanos tienen que ayudar porque los Gobiernos no tienen dinero para pagar los servicios y pagar lo que debemos».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se mostró convencio de que «la gran nación que es España saldrá indudablemnet adelnate» y reclamó la colaboración de las autonomías. «El presidente tienen que contar con las comunidades autónomas para salir de este momento tan delicado», dijo.

El «gran pacto» sellado entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del PP incluye la austeridad, la estabilidad presupuestaria y la garantía de los servicios sociales básicos, convencidos de que las reformas previstas permitirán a España salir de la crisis económica.

Este «gran pacto», como lo calificó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, otroga total respaldo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y los barones territoriales se comprometieron a incluir las pautas de los mismos en los presupuestos de sus respectivas comunidades y a hacer todo lo necesario para cumplir con el objetivo de déficit fijado para ellas en 2012, un 1,5% del PIB.

Sistema de prioridades

Gobierno y barones del PP se comprometieron igualmente a garantizar a todos los ciudadanos los servicios sociales básicos y sus derechos, y, para ello, se está estableciendo un sistema de prioridades. «Con la situación heredada, sería imposible mantener esos servicios básicos y los derechos de los ciudadanos», precisó De Cospedal.

Al pedirle algún ejemplo de esas prioridades, señaló que entiende que dejar de que sea gratuito el transporte para los mayores de 65 años no se puede considerar como la eliminación de un derecho social si eso permite mantener el servicio sanitario para ese colectivo. «No hay que dejarse llevar por algunos que intentan llamar derechos sociales a lo que son beneficios que en época de bonanza han podido disfrutar los ciudadanos», precisó.