Un país acostumbrado a presionar a las empresas
La historia se repite en Argentina con las empresas controladas por compañías españolas. La maniobra del Gobierno de Cristina Kirchner sobre Repsol-YPF, que ha desatado la reacción del Gobierno español y el respaldo de la Comisión Europea, tiene un antecedente próximo en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y su filial Austral al grupo empresarial español Marsans, ya desaparecido, que la había adquirido a Iberia. El procedimiento parece similar. Críticas a la gestión de la compañía, exigencia de inversiones, ataques y dificultades que complican su viabilidad y su valor, polémica populista en el interior del país y, finalmente, la expropiación, que en aquella ocasión fue calificada por la firma española de «confiscación arbitraria». La valoración de la aerolínea por parte del Tribunal de Tasación Argentino fue entonces de cero, alegando su elevada deuda, mientras que para Marsans el valor podía rebasar los 500 millones de dólares.
Otros amenazados
Aguas de Barcelona, que compartía la propiedad de Aguas Argentinas con el grupo francés Suez, fue nacionalizada en el 2006 con pérdidas que entonces se valoraron en 700 millones de dólares. El autor de la medida fue el fallecido esposo de la actual presidenta argentina, Néstor Kirchner, y los argumentos fueron los habituales: acusaciones reiteradas de incumplir el contrato de concesión y las obras proyectadas.
Otro de los recientes ataques a la libertad de empresa que tanto valoran los inversores internacionales ha sido Edesur, filial de Endesa, empresa española en poder ahora de la italiana Enel. En el 2010 el Gobierno argentino impidió a esta compañía el pago de dividendo con el argumento de que no podía hacerlo de «forma unilateral».
Telefónica está también bajo la más rigurosa vigilancia y teme ser objeto de arbitrariedades más o menos justificadas. Por un lado, pende sobre ella la multa «máxima» permitida a Movistar por dejar sin servicio durante varias horas a 16 millones de abonados en marzo. Y de manera indirecta le afecta también el hecho de que Telecom Argentina, participada por Telecom Italia, de la que la compañía española es accionista, se viera también obligada a suspender el pago de dividendo. La excusa, evitar la fuga de divisas que supondría el pago de los 385 millones que iba a distribuir entre sus accionistas, mayoritariamente extranjeros.
Los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, tienen también una fuerte implantación en el país, y aunque de momento su capacidad de decisión no ha sido atacada, sus responsables se mantienen alerta. Gas Natural, Indra, OHL, ACS, Mapfre, NH, Meliá e Inditex son otras grandes firmas españolas con presencia en el país austral, que tiene en España el principal inversor extranjero.