El ex consejero andaluz se enroca en la legalidad de los actos de la Junta
Uno de los implicados en el caso de los ERE fraudulentos justifica las ayudas.
La jueza Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados.
Choque de trenes. Así definían el sábado algunos abogados el tenso interrogatorio al que fue sometido el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández por parte de la jueza que investiga el supuesto fraude de los ERE. El exalto cargo no se movió ni un ápice de su postura: el procedimiento era legal y, como tal, era conocido por todos porque no había ningún problema. Mercedes Alaya, sin embargo, intentó volver una y otra vez sobre el grado de conocimiento que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tenía sobre el sistema de ayudas irregulares, haciendo hincapié por ejemplo en las prejubilaciones de una mina de Huelva que llevaba 16 años cerrada.
Como el día anterior, las voces de una y otro se han podido escuchar más allá de la sala de vistas, reflejo del pulso que ambos están manteniendo. «Le digo, lo afirmo y le repito», llegó a decirle Fernández a la magistrada, que insatisfecha con sus respuestas conminó al exconsejero —imputado por hasta seis delitos— a que «no se andara por las ramas» y que, si quería, se acogiera a su derecho a no declarar. «Parece que está deshojando una margarita», ironizó sobre sus contestaciones, «asuma al menos su responsabilidad como consejero», le reclamó, para que reconociera su conocimiento sobre el daño a las arcas públicas.
Sin criterio
Fernández, que fue consejero de Empleo entre el 2004 y el 2010, aunque previamente había sido también viceconsejero y presidente del IFA —el organismo que suscribió el convenio marco que amparaba las ayudas supuestamente irregulares—, volvió a repetir que no existió ningún criterio jurídico que cuestionase el nuevo sistema de ayudas. De hecho, cuando la Intervención General expresó sus reparos, según relató el exconsejero, la Junta ofreció sus alegaciones y la Intervención se «aquietó», es decir, se quedó satisfecha y no impidió que se siguieran llevando a cabo.
A diversas preguntas de la jueza, según explicaron fuentes judiciales, rechazó conocer que hubiera «intrusos» en algunos de los expedientes de regulación de empleo sufragados con dinero público.
Parte del interrogatorio se centró en las ayudas concedidas a la zona minera de la Franja Pirítica (Huelva) o la Sierra Norte de Sevilla, comarca de procedencia del exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que recibió cuantiosas subvenciones.