Los usuarios pagaran parte del coste de muletas, sillas de ruedas y taxis para ir a rehabilitación

Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte del coste de las muletas, sillas de ruedas u otros aparatos ortopédicos que necesiten, así como los productos dietéticos que consumen las personas diabéticas o celíacas. También se abonará una parte del transporte sanitario no urgente que decida el usuario, es decir, los taxis que habitualmente utioizan los enfermos que acuden a servicios de rehabilitación o visitas médicas que tienen lugar en ciudades distintas a la que se reside. La ambulancia seguirá siendo gratuita cuando así lo decida el médico del pacienet. Así se establece en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de tres días de retraso "por motivos técnicos", según fuentes del Ministerio de Sanidad.

Ese tipo de prestaciones, que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud y serán consideradas "servicios accesorios" sujetos a aportación por parte del usuario. El porcentaje de esta "se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación".

Las medidas adoptadas en cuanto a estos servicios entrarán en vigor cuando se agote el plazo de seis meses dispuesto por el Ejecutivo a partir de la aprobación del decreto ley. Por ello, se celebrará un Consejo Interterritorial al acabar este plazo. Sé mantienen en la cartera de servicios cubiertos por la financiación de la sanidad pública las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente.

Copago farmacéutico en julio

El decreto establece asimismo que las comunidades autónomas deberán adaptarse al copago farmacéutico según renta antes del 30 de junio. Según la nueva norma, "la aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará, como máximo, anualmente". Como ya era conocido, los usuarios activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo del 60% del precio de los medicamentos; los que tengan una renta entre 18.000 y 100.000 euros, del 50%, y los de renta inferior a los 18.000 euros, del 40%, con un tope mensual de 60 euros.

En cuanto a los pensionistas, pagarán el 10% de los medicamentos que se les receten, con un máximo de 8 euros al mes si su renta es inferior a 18.000 euros y de 18 para el resto. Si superan los 100.000 euros de pensión, pagarán el 60% como los activos.

Los medicamentos serán gratuitos para los afectados del síndrome tóxico y personas con discapacidad, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas y los parados de larga duración que no perciban prestación. Tampoco pagarán las medicinas quienes sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. La aportación de los funcionarios, los militares y el personal al servicio de la administración de justicia será del 30%.

Recorte de 7.000 millones

El objetivo de la reforma sanitaria es conseguir un ahorro estimado de 7.000 millones de euros, de los que casi la mitad, unos 3.550 millones, debe lograrse con estas medidas, así como la desfinanciación pública de fármacos "obsoletos" o "con menor valor terapéutico"; un plan para el impulso de medicamentos genéricos, nuevos precios de referencia --"solo se tendrán en cuenta" las reducciones que supongan, "como mínimo", el 10% sobre el precio industrial máximo en vigor autorizado para la financiación con fondos públicos-- y el ajuste de los envases a la duración de los tratamientos.

Asimismo, el Gobierno ha preparado un plan para luchar contra el turismo sanitario y el "uso fraudulento" de la sanidad por parte de extranjeros no residentes en España. Con estas medidas, incluida la controvertida retirada de la tarjeta sanitaria a los simpapeles, prevé ahorrar unos 1.500 millones.

La reforma también establece la creación de una plataforma de compras centralizada para que las comunidades compren de forma conjunta medicamentos hospitalarios y tecnología médica, como ya se hace con la vacuna de la gripe. Ello debe generar un ahorro de entre 1.000 y 1.500 millones.

El resto del ahorro procederá de la creación de una cartera de servicios común para todas las comunidades y la implantación de la 'e-salud' (700 millones); la mejora de la coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales (600 millones), y la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales que facilite la movilidad entre los servicios de salud (500 millones).