Prisión para el ex consejero de Empleo por usar los ERE para enriquecer a «unos pocos»
El ex consejero entra en el furgón de la Guardia Civil.
La juez que investiga el supuesto fraude de los ERE asestó ayer un golpe mortal a la presunta trama con el auto de prisión del ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el político de mayor rango encarcelado por corrupción en Andalucía. Para justificar las medidas cautelares, la jueza sostuvo que la Junta puso en marcha en 2001 un sistema de concesión de ayudas que permitía «eludir ilícitamente» los controles con el objetivo de «institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad» para dichas concesiones. Un sistema ideado, según la juez, por el propio Fernández, quien en un ejercicio de «absoluta dejación de funciones» promovió el «enriquecimiento injustificado» de personas cercanas al PSOE.
Tras cinco horas de elaboración del texto para responder a todas las alegaciones de la defensa de Fernández, Alaya dictó un extenso auto de prisión en el que mantiene la imputación inicial al ex consejero, es decir cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude en la obtención de ayudas públicas, así como otros dos de cohecho y falsedad documental. Y pese a que realizó su imputación hace ahora casi un año, justificó la adopción de medidas cautelares ahora no solo por la gravedad de los delitos, sino por el riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación con la destrucción de pruebas.
Para la juez y la Fiscalía Anticorrupción, Fernández, y al menos otro consejero de aquella época, José Antonio Viera, idearon un sistema de concesión de ayudas con la excusa de lograr la «paz social» para tener más agilidad a la hora de dar las ayudas públicas.
La juez llega a acusar a Fernández de «absoluta dejación de funciones y responsabilidad» y entiende que «propició de forma indiciaria» la concentración de muchas ayudas en dos comarcas, y a empresas cuyos únicos méritos eran que «pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz».