También grapos, yihadistas y delincuencia organizada

Además del casi medio millar de presos de ETA, potenciales participantes en este proyecto son la treintena de miembros de los Grapo, los 50 yihadistas encarcelados, entre ellos autores materiales y colaboradores del 11-M, y cerca de 400 reclusos penados por pertenecer a grandes grupos de delincuencia organizada.

Interior puso el acento sobre seis aspectos de este plan, consciente de que el anuncio, como así fue, iba a levantar ampollas entre las víctimas del terrorismo: El tratamiento siempre será individualizado, por lo que no caben las medidas colectivas de premio a la banda por el abandono de las armas que podrían ser interpretadas como una forma de amnistía encubierta; la inclusión en el programa es «reversible», por lo que si la ruptura con ETA es solo nominal el preso volvería de inmediato a su anterior situación; la iniciativa no es, en modo alguno, el fin de la dispersión, una medida que el Gobierno considera que tiene todo el amparo legal; tampoco supone cambio alguno en la política penitenciaria, que siempre ha dejado en manos de la administración la decisión de dónde deben cumplir condena los presos terroristas; el programa no conlleva ningún beneficio penitenciario ya que el Código Penal los prohíbe si no se produce el arrepentimiento y el perdón; y que este programa no conlleva acelerar la excarcelación de ningún miembro de ETA.

Instrucciones

En breve, Instituciones Penitenciarias enviará instrucciones a los directores de las 49 cárceles en las que hay presos de ETA para que procedan a identificar a los reclusos que podrían ser los primeros en ingresar en este plan. El perfil es claro, que sean internos que sin haberse alienado públicamente con el sector disidente sí que han dado muestras ya de hastío con la banda, como puede ser el no recibir a sus habituales abogados o no participar en las movilizaciones de protesta periódicas.