Los presos de ETA rechazan el plan de Rajoy porque exige el arrepentimiento
El Gobierno no legitima a la Comisión Verificadora y pide a ETA su disolución.
Los presos de ETA rechazan el plan de Rajoy porque exige el arrepentimiento aunque aseguran, a través del colectivo de presos etarras EPPK, que ven cuestiones «significativas» en el plan de reinserción anunciado por el Gobierno central y mostraron su disposición a «dar pasos» si se abandonan «las presiones y los chantajes».
En un comunicado del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos que publica el diario Gara ha advertido de que «cualquier programa que tenga como base el arrepentimiento-delación nace muerto y estéril». No obstante, apunta que, «abandonando las presiones y los chantajes», el EPPK está dispuesto a «dar pasos en la línea de sus últimas declaraciones y a la espera de que se difundan las conclusiones de su debate».
El colectivo considera que el plan del Ejecutivo «no responde a lo que una amplia mayoría de la sociedad vasca le ha pedido: que cambie la política carcelaria y la adecue a la luz de las nuevas oportunidades políticas». Por este motivo, pide que se «desactiven las medidas de excepción y con la dispersión», así como que «se garanticen todos los derechos y empezar a posibilitar la excarcelación de los presos en el marco de las condiciones democráticas».
Los verificadores
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer que el Gobierno no reconoce «ninguna legitimidad» a la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego, que el viernes dijo que la banda terrorista ETA le ha transmitido que está «preparada para dialogar» y que había hecho una oferta de desarme a cambio de «contactos» y una solución para sus presos.
Tras afirmar que «los verificadores» intentaron contactar con ellos, el ministro indicó que no les dan legitimidad alguna y que la Guardia Civil y la Policía son «suficientes verificadores para comprobar si ETA se disuelve o no».
«La política del Gobierno en relación con ETA está muy clara», dijo. «El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA», añadió.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que el Estado tiene que hacer «todo lo posible» para que ETA deje de existir, tarea en la que el PSOE estará «siempre» con el Gobierno.
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, aseguró que, aunque es de agradecer que haya instituciones o personalidades internacionales que quieran colaborar en el proceso de paz en el País Vasco, «el Estado tiene sus medios para verificar el fin de ETA» definitivo.
Las víctimas del terrorismo se mostraron confiadas en que el Gobierno no negocie con ETA y le pidieron un cambio de la política antiterrorista para conseguir la «derrota total» de la banda «sin contrapartidas».
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, coincidió con Fernández Díaz en no reconocer «ninguna legitimidad» a la comisión. El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, también mostró su confianza en que este Gobierno no negocie aunque indicó que «no le hace falta, si tiene como testaferro al PSOE en este proceso».