Sólo el paro de los mineros costaría como completar las ayudas

Si el sector minero se ve abocado al cierre y los algo más de 13.000 trabajadores que dependen de esta actividad pasan a la situación de paro, el coste para las arcas públicas sería de más de 156 millones de euros al año. Es decir, prácticamente la misma cantidad que el Gobierno tendría que poner ahora sobre la mesa para garantizar la continuidad de las explotaciones mineras a través de las ayudas al funcionamiento.

Además, para el ejercicio actual habría que disponer, en caso de cierre del sector, de casi 214 millones de euros con los que financiar las bajas incentivadas.

Unas cifras que relativizan en gran medida el argumento de la falta de dinero público para justificar el drástico recorte de los fondos comprometidos para el sector minero. Los Presupuestos Generales del Estado para este año contemplan, en el caso de las ayudas a las empresas mineras, un presupuesto de 141 millones de euros, desde los casi 237 millones que se destinaron a este capítulo el año pasado. 134,6 millones de euros menos.

El recorte previsto para los fondos destinados a la reestructuración ha sufrido una reducción aún más drástica: un 72% menos. Las dotaciones para infraestructuras caen de más de 145 a 41 millones de euros; y los fondos para empresas generadoras de empleo de 120 a 39 millones de euros. Las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras pasan de 115 millones a 35.

Unas cuentas que al sector no le cuadran.