Ahorrar 153 millones ahora costará más de 6.200 millones en el cierre del sector

Ahorrar los 153 millones de euros que completarían las ayudas al funcionamiento de las empresas previstas en los Presupuestos Generales del Estado precipitará de hecho el fin de la actividad de las minas de carbón nacionales. Y las repercusiones económicas del cierre del sector supondrían un coste para las arcas públicas de 6.250 millones de euros, entre costes sociales, de las empresas y sobre todo de las inversiones que tendrían que llevar a cabo las centrales térmicas para adaptarse a un nuevo mix de producción.

Ese es el cálculo realizado por la patronal del carbón, Carbunión, que ayer fue presentada al ministro de Industria, José Manuel Soria.

Fuentes del sector minero hacían ayer cálculos sobre las distintas previsiones inversoras del Gobierno contempladas en las cuentas que aprobará en breve: los 150 millones de euros que garantizarían la supervivencia de las minas de carbón autóctono este año es lo que cuesta, por ejemplo, ejecutar 15 kilómetros del tren de alta velocidad, o 15 kilómetros de alguna de las autovías previstas. «Un ligero recorte en una de estas infraestructuras, que de todas formas no estarán terminadas este año; pero una garantía de supervivencia para miles de trabajadores», comentaban estas fuentes.

El caso es que la minería del carbón emplea actualmente a 5.883 trabajadores de forma directa, entre plantillas propias y subcontratas. Otros 4.800 trabajadores están contratados en las empresas auxiliares, y 2.750 desempeñan sus tareas en los servicios de suministro.

En total, 13.433 trabajadores, a los que habría que restar los 400 que está previsto que se prejubilen este año, según lo contemplado en el Plan del Carbón; y que percibirán algo más de 183 millones de euros durante la media de 13 años que pasan en esta situación hasta que se jubilan definitivamente.

A los gastos sociales (a las prejubilaciones hay que sumar las bajas incentivadas y la prestación por desempleo) hay que sumar un coste de más de 1.000 millones de euros en el pago por las termias producidas; más las inversiones que han realizado las empresas mineras para atender a los compromisos de producción adquiridos con el Gobierno y con Bruselas, y que de cerrar ahora quedarían sin amortizar.

En total la patronal calcula que son unos 465 millones de euros los ya invertidos en esta mejora de la competitividad.

El capítulo más abultado en cuanto a las inversiones que habría que realizar para acometer el abandono del carbón autóctono como fuente de generación eléctrica correspondería, sin embargo, al sector eléctrico. Poco dispuesto en este momento (como el Gobierno) a incrementar un déficit de tarifa que crece de manera galopante.

En total, entre los gastos sociales (más de 553 millones de euros), los gastos de cierre de las empresas mineras (más de 1.039 millones de euros) y las inversiones que tendrían que afrontar las empresas eléctricas (unos 4.500 millones de euros), el resultado es que un cierre precipitado del sector del carbón generaría unos gastos a las arcas públicas de casi 6.200 millones de euros.

Eso, en dinero. Sin contar los costes sociales para las cuencas.