El ‘caso Urdangarin’ se cobra sus dos primeras víctimas del ámbito político
Dimiten dos altos cargos valencianos imputados por sus actuaciones en el caso Nóos.
Jorge Vela y Luis Lobón, en una imagen de archivo.
Los negocios de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres en Valencia, donde recibieron 3,4 millones en contratos públicos, se llevó ayer por delante a sus primeras víctimas políticas, Jorge Vela, director del Instituto Valenciano de Finanzas, y Luis Lobón, secretario de Turismo. Ambos están imputados en el caso Nóos por las presuntas irregularidades en los contratos firmados con el yerno del rey para sufragar el congreso deportivo-turístico Valencia Summit en el 2004, 2005 y 2006.
Las dimisiones en la Generalitat valenciana llegaron después de que el juez de Palma, José Castro, interrogara el lunes en Valencia a 16 testigos por los contratos del Valencia Summit, el foro de turismo y deportes organizado por el Instituto Nóos, y por el que Urdangarin y Torres recibieron 3,1 millones en esos tres años.
El fiscal anticorrupción del caso Palma Arena, Pedro Horrach, lleva dedicados varios meses a la investigación de las supuestas irregularidades administrativas en la adjudicación del congreso por parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), entidad dependiente de la Generalitat que entonces presidia Francisco Camps.
En diciembre pasado, la policía judicial registró las oficinas de Cacsa en Valencia y se llevó abundante documentación relacionada con el Valencia Summit. De aquellas pesquisas derivaron las primeras imputaciones del caso Nóos en la Comunidad Valenciana. El juez encontró indicios de delitos en las conductas de José Manuel Aguilar, director de Cacsa entre 2002 y 2005; su predecesor, Jorge Vela, que estuvo al frente de la Ciudad de las Artes entre 2005 y 2009; el exdirector de comunicación Miguel Zorío; y la responsable de gestión, Elisa Maldonado.
La imputación de Jorge Vela en diciembre pasado comprometió su nueva situación al frente del Instituto Valenciano de Finanzas, organismo dependiente de la Consejería de Economía, y dejó en mal lugar a su hermano, José Manuel Vela, actual consejero de Hacienda de la Generalitat. Sin embargo, el acusado se aferró al cargo hasta este lunes, cuando el fiscal amplió las responsabilidades penales a la que fue su ‘número dos’ en Cacsa, María de los Ángeles Mallent Añón. La imputación de la jefa de los servicios jurídicos dejó al descubierto que Cacsa sufragó el Valencia Summit sin los informes de contratación, ni el de utilidad pública ni el de procedimiento. La entidad pública pasó por alto el reglamento para entregar 1,5 millones a Urdangarin y Torres. La otra mitad la puso Valencia Convention Bureau, la empresa del ayuntamiento valenciano que cerró con Nóos la organización del congreso.
La otra razón de la dimisión de Vela se llama Luis Lobón. Vela, que fue interrogado el pasado 13 de abril en Palma, puso en la pista al juez Castro al señalar que la orden de prorrogar el contrato con el Instituto Nóos se la dio el propio Lobón.