Privatizaciones, despidos y tasas, estrellas del tercer ‘tijeretazo’ catalán

Tres hachazos en dos años y el cuarto ya está en estudio. La Generalitat anunció ayer una nueva oleada de recortes, la tercera desde que Artur Mas asumió la presidencia de la Generalitat, que supondrá un ahorro para las cuentas catalanas de unos 1.500 millones de euros entre este año y el próximo, a base de crear nuevas tasas, despedir a empleados públicos y privatizar empresas de la administración catalana. Todo ello después de rebajar el sueldo a los funcionarios en el 2012, aplicar un euro por receta, instaurar una tasa turística, subir los precios del agua, la gasolina, los peajes y el transporte urbano y de aprobar, el año pasado, el mayor ajuste de la democracia en la sanidad y la educación, con cierre de quirófanos incluido.

Según la Generalitat, el nuevo tijeretazo es «obligado» por las circunstancias —Cataluña afronta hasta final de año un vencimiento de deuda por importe de 3.160 millones, el más alto entre las autonomías— y forzado también por los «errores» del tripartito y de los gobiernos centrales, el actual y el anterior. El Gobierno catalán espera cumplir con el ajuste los compromisos de la ley de Estabilidad y, por tanto, aprobar el examen al que el jueves someterá el Ministerio de Hacienda a todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El objetivo de Mas, que es consciente de las «incomodidades» y del «esfuerzo titánico» que está exigiendo a la población, es cumplir el déficit máximo impuesto por el Gobierno español a las autonomías, el 1,5% del PIB regional.

«La austeridad no es un castigo es un valor de futuro», expresó ayer Artur Mas en una comparecencia extraordinaria, convocada para justificar la batería de recortes que prepara.

Los más dolorosos dejarán en el paro a una cantidad no precisada de trabajadores de las empresas públicas de la Generalitat. «No habrá despidos masivos, pero sí algunos ajustes en las plantillas de algunas empresas», señaló el president, que puso el ejemplo de Gisa, la constructora del Ejecutivo catalán, que el año pasado echó a la calle a 70 trabajadores, un tercio de su plantilla. Asimismo, reducirá las subvenciones públicas, ralentizará las inversiones en infraestructuras, venderá patrimonio y privatizará empresas públicas (del agua y autopistas), y consolidará la reducción de los complementos salariales de los funcionarios. Y además, Mas, a pesar de que ha amenazado con llevarlas al Constitucional, aplicará las medidas aprobadas por el Gobierno para salud, educación y universidades, que supondrán un ahorro de 1.000 millones, según Hacienda, aunque para el Govern, no más de 150.