Los cabecillas de Gürtel callan y fían su suerte a la nulidad del proceso

Las escuchas ilegales del exjuez Baltasar Garzón en el caso Gürtel, por las que el Tribunal Supremo puso fin a su carrera por prevaricación, sobrevuelan el devenir del proceso judicial en sus distintas ramificaciones. Tanto en la Audiencia Nacional la semana pasada, con la pieza de la visita del Papa en el 2006, como el lunes y ayer en el tribunal de justicia de Valencia, con la presunta financiación irregular del PP valenciano, los cabecillas de la red corrupta siguieron la estrategia del silencio y se acogieron a su derecho a no declarar, como les permite su condición de imputados.

Los abogados de Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’, y Cándido Herrero, el contable de Orange Market, la empresa del trama Gürtel en Valencia, están convencidos de que las intervenciones telefónicas que condenaron a Garzón acabarán por contaminar el resto de la instrucción y supondrán la nulidad de la causa.

Crespo, imputado en Valencia por un delito de financiación irregular, delito electoral, cohecho y prevaricación, los mismos tipos penales de sus compinches, aseguró ayer a la salida de la sede del tribunal superior de justicia que el procedimiento está ·contaminado y viciado, igual que el de origen en Madrid, y ésta es la razón por la que me he acogido a mi derecho a no declarar». Detrás de esta afirmación subyace una clara estrategia de defensa. Consiste en recurrir todas las resoluciones contrarias con el argumento de que algunas de las pruebas de la investigación se han usado gracias a la intervención de las conversaciones que realizó Baltasar Garzón en prisión a los abogados de los principales imputados.