Hacienda será quien sancione a los malos gobernantes
El Ejecutivo quiere que la ley de Buen Gobierno entre en vigor en el 2013.
Soraya Sáez de Santamaría, a su llegada a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El Ministerio de Hacienda será el encargado de vigilar el cumplimiento de las directrices marcadas por la futura Ley de Buen Gobierno y sancionará a cualquier alto cargo de la administración central, autonómica o local que cometa irregularidades en la gestión, infrinja las obligaciones de la estabilidad presupuestaria o incurra en situaciones de conflicto de intereses.
La misma labor será competencia del Consejo de Ministros cuando el alto cargo que cometa la irregularidad o la infracción sea un ministro o un secretario de Estado.
El código de Buen Gobierno, que irá incluido en la ley de Transparencia, aún en fase de anteproyecto, podría ser aprobado por el Parlamento antes de final de año y entrar en vigor en el 2013. El texto endurecerá las sanciones administrativas para las irregularidades de los altos cargos e incluso tipificará como delito la falsificación u ocultación deliberadas de datos en las cuentas por el responsable de la administración de los recursos.
El infractor deberá sentarse en el banquillo y se enfrentará hasta a diez años de inhabilitación y a una multa. Las faltas más graves son la gestión presupuestaria deficiente, los gastos sin crédito, las subvenciones injustificadas, el incumplimiento deliberado del nivel de deuda o déficit, y la no formulación o incumplimiento de los planes de reequilibrio. Estas irregularidades, según su relevancia, costarán el cese al alto cargo, la pérdida de pensiones, la restitución de cantidades indebidas, altas indemnizaciones, o el veto para ocupar determinados cargos de cinco a diez años.
Los plazos
La segunda parte de la ley, la Transparencia y Libre Acceso a la Información de las Administraciones Públicas, no podrá ser aplicada, sin embargo, al menos hasta un año después de aprobarse.
El estriptis de datos sobre salarios públicos, gestión presupuestaria, expedientes de incompatibilidades, y hasta el último detalle sobre contratos, conciertos o subvenciones que los gestores tendrán que ofertar de oficio y por obligación no se podrá disfrutar hasta el 2014. La razón es que el Portal de la Transparencia, la web que servirá para acceder a los datos y para solicitar información pública no ofertada, requiere de ese plazo para ponerse en marcha y para coordinar las aplicaciones informáticas con las administraciones. Las reclamaciones a la denegación de información se podrán dirigir a la Agencia de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Parlamento y solo podrá cesar por causas tasadas.